La presidenta del tribunal, Marcela Davite, afirmó que "las penas impuestas a Urribarri y Báez se encuentran correctamente fundadas y los agravios de las defensas no pueden prosperar".
"No estamos ante actitudes individuales peligrosas para los bienes jurídicos, como la mayoría de los delitos que se condenan, sino frente a grupos estructurados de personas, que mediante la práctica de actividades contrarias al derecho emprendieron un negocio contra la administración pública de manera duradera, planeada y profesional y obtuvieron para sí grandes beneficios económicos", agregó.
En la audiencia, la Cámara de Casación rechazó por unanimidad los recursos de casación interpuestos por los defensores de los acusados. Las magistradas confirmaron la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná en abril de 2022, en la que se condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y a los demás acusados a distintas penas de prisión y ejecución condicional.
En tanto, por su parte, Urribarri vinculó el fallo en su contra con "intereses políticos" y afirmó que la jueza Bruzzo debería haberse excusado por tener una opinión formada previamente sobre el caso. Además, criticó la falta de pruebas y testigos por parte de la Fiscalía.
