La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este jueves 12 de noviembre, por unanimidad de los 16 legisladores presentes, el proyecto que establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, conocido como Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. La votación se realizó durante la 17ª sesión ordinaria del 147º período legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y busca establecer obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y mecanismos de control para quienes desempeñan funciones en el Estado. Como el Senado introdujo modificaciones al texto que ya contaba con media sanción, el expediente 26.785 deberá regresar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

Entre los principales cambios incorporados se encuentran nuevas exigencias para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, que deberán actualizarse anualmente, y la obligación de informar la tenencia de criptoactivos. También se establecieron mayores requisitos para transparentar las participaciones societarias de los funcionarios e identificar a los beneficiarios finales de las empresas.

El texto contempla un sistema dual de declaraciones juradas, destinado a garantizar el acceso público a determinada información patrimonial y, al mismo tiempo, preservar datos confidenciales para su fiscalización. Además, se introdujeron modificaciones relacionadas con la autonomía de la Oficina de Ética Pública y las garantías constitucionales para la aplicación de Ficha Limpia, uno de los puntos centrales de la propuesta.

El proyecto consiguió el acompañamiento de todos los bloques, aunque durante el debate se plantearon diferencias sobre el alcance de los controles previstos.

El senador Rafael Cavagna, de Juntos por Entre Ríos, destacó la incorporación de Ficha Limpia como una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana, mientras que Patricia Díaz, de Hacer Futuro, sostuvo que la iniciativa se queda a mitad de camino y reclamó mayores mecanismos de fiscalización sobre el patrimonio de los funcionarios y las contrataciones estatales.

Por su parte, Juan Pablo Cosso, de Más para Entre Ríos, valoró el consenso alcanzado y las modificaciones introducidas durante el trabajo en comisiones. Víctor Sanzberro destacó los avances en transparencia patrimonial y Gustavo Vergara recordó que la reglamentación de la ética pública estaba prevista desde la Reforma Constitucional de 2008.

El senador por el departamento San Salvador, Marcelo Berthet, también acompañó la iniciativa y destacó el trabajo conjunto de los distintos espacios políticos para alcanzar un texto consensuado.

El legislador de Más para Entre Ríos sostuvo que la normativa busca fortalecer la confianza en las instituciones, aunque advirtió que quedaron cuestiones pendientes, como la obligación de declarar vínculos familiares para prevenir situaciones de nepotismo y la valuación de bienes a precios de mercado.

En ese sentido, adelantó que su bloque continuará impulsando propuestas complementarias para ampliar los mecanismos de transparencia.

Con la aprobación unánime del Senado, la iniciativa avanzó una nueva etapa, pero todavía no se convirtió en ley, ya que Diputados deberá pronunciarse sobre los cambios realizados por la Cámara alta.