La medida fue comunicada durante la madrugada argentina y alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, sin mencionar al Ejército.

La Cancillería de Irán invocó el principio de reciprocidad y una ley nacional que contempla medidas contra los países que respalden la designación estadounidense de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. El comunicado calificó la decisión argentina como un acto hostil.

El antecedente argentino fue anunciado oficialmente el 31 de marzo de 2026. La Oficina del Presidente informó entonces la incorporación de la Guardia Revolucionaria al RePET, con sanciones financieras y restricciones operativas. El Gobierno fundamentó esa decisión en informes sobre actividades terroristas y en los antecedentes de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

Teherán atribuyó al Gobierno argentino la responsabilidad por las consecuencias de esta escalada, pero no detalló medidas adicionales.