Por: Nelson Lalanda, editor responsable de MN
Cortar el pasto en los espacios públicos de San Salvador parece haberse convertido en una actividad que genera gastos adicionales para las arcas municipales.
Según un relevamiento exclusivo realizado por MERCURIO NOTICIAS, entre 2024 y septiembre de 2026 la Municipalidad destinó 13.537.742 pesos a reparar daños ocasionados durante tareas de desmalezamiento, principalmente por piedras proyectadas por las máquinas utilizadas por trabajadores municipales.
No se trata de situaciones atribuidas al municipio por terceros, sino de hechos reconocidos por el propio Ejecutivo en las resoluciones administrativas mediante las cuales autoriza los pagos. Es precisamente ese reconocimiento de los daños y su origen lo que lleva a la Municipalidad a afrontar económicamente las reparaciones.
En total, se identificaron 57 conceptos de gastos, que incluyen parabrisas, lunetas, ventanillas, polarizados y otros daños materiales, además de cristales de inmuebles particulares.
Los números reflejan una situación que, lejos de desaparecer, se repite durante los tres años analizados. En 2024 se desembolsaron $2.032.287, mientras que durante 2025 la cifra ascendió a $5.498.157. Pero el dato más llamativo corresponde a 2026, cuando solamente entre enero y septiembre ya se acumularon $6.007.298 superando en valores nominales lo gastado durante todo el año anterior.
Entre los casos más significativos se encuentra el pago de $1.795.000 por la reposición del cristal de una puerta de acceso a un inmueble, además de una vidriera por $432.500 durante 2024. También aparece la reparación de un cristal de un vehículo oficial del Ministerio de Salud por $184.270. Más allá del aumento nominal de los montos, que también puede estar influido por la evolución de los precios, la cantidad y reiteración de episodios evidencian un problema que merece atención.
Es cierto que 13,5 millones de pesos pueden representar una cifra poco significativa dentro del presupuesto total de una Municipalidad. Sin embargo, eso no significa que sea dinero que pueda desperdiciarse. Son recursos públicos que podrían destinarse a mejorar calles, reparar luminarias, adquirir equipamiento, mantener espacios públicos o resolver otras necesidades de los vecinos.
Y, fundamentalmente, se trata de un gasto que podría reducirse considerablemente con medidas de prevención relativamente sencillas. La utilización de redes protectoras, pantallas móviles o barreras de contención durante el desmalezamiento, especialmente cuando se trabaja cerca de vehículos, viviendas o comercios, permitiría disminuir la proyección de piedras. A ello deberían sumarse la inspección previa de los terrenos, la delimitación de áreas de trabajo, la capacitación del personal y la supervisión del cumplimiento de protocolos de seguridad. No alcanza con disponer de herramientas adecuadas: también es necesario controlar cómo se realizan las tareas.
Si los daños continúan repitiéndose, corresponde preguntarse qué medidas adoptaron los responsables de Obras y Servicios Públicos para evitar que los mismos problemas sigan ocurriendo. La responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo seguras no puede recaer exclusivamente en el operario que maneja una máquina.
El relevamiento de MERCURIO NOTICIAS cobra especial relevancia después de que el bloque justicialista del Concejo Deliberante solicitara informes sobre los pagos municipales por daños a terceros. Los concejales reclamaron copias de las resoluciones 02, 05, 10, 15, 22, 25, 27, 40, 44, 94, 95, 104, 127, 130, 138 y 139, junto con otras actuaciones relacionadas, los respectivos legajos y los dictámenes de Asesoría Legal. El objetivo es conocer el costo financiero de las reparaciones y las circunstancias que motivaron cada desembolso.
Pero existe una cuestión todavía más importante: si la Municipalidad reconoce oficialmente que sus trabajos de desmalezamiento provocan daños y debe pagar por ellos, ¿por qué los episodios se siguen repitiendo?
Nadie cuestiona que un vecino deba recibir una reparación cuando su vehículo o propiedad resulta dañada por trabajos municipales. Por el contrario, corresponde que el municipio responda. Lo que merece un cuestionamiento es la aparente ausencia de medidas preventivas suficientemente eficaces para evitar nuevos incidentes.
Después de casi tres años y más de $13,5 millones gastados, la gestión municipal debería explicar no solamente cuánto pagó, sino qué está haciendo para dejar de pagar por daños que podrían prevenirse.
