Por: Redacción de Mercurio Noticias
La concejal Graciela Fernández expresó un fuerte rechazo al proyecto que propone adherir a San Salvador a la Ley provincial número 11.178 sobre productos fitosanitarios y advirtió que su aprobación implicaría, según lo planteado durante la sesión, derogar la Ordenanza número 1090 que establece una zona de resguardo ambiental alrededor de la planta urbana.
En su intervención también cuestionó directamente a la viceintendente Daniela Casse, a quien le reprochó su posición al momento de votarse la normativa local que actualmente regula las aplicaciones.
Fernández sostuvo que la iniciativa recién ingresada al Concejo abre nuevamente una discusión que, desde su perspectiva, había logrado cierto equilibrio entre vecinos, productores y profesionales vinculados con la actividad agropecuaria.
La Ordenanza Nº 1090, sancionada en San Salvador en 2012, estableció una zona de resguardo ambiental conformada por la planta urbana y un radio adicional de 500 metros, con restricciones para la utilización de determinados productos fitosanitarios. Antecedentes públicos sobre aquella normativa muestran que fue resultado de un proceso previo de debate local sobre la denominada “línea agronómica”.
Durante su intervención, Fernández dirigió parte de sus críticas a la viceintendente Daniela Casse. Le atribuyó haber votado en contra, en aquella oportunidad, de la normativa que estableció mayores restricciones locales y vinculó aquella posición con el debate que vuelve ahora al Concejo.
"Usted en su momento votó en forma negativa para proteger el ambiente, la salud y la vida de los vecinos, disparó Fernández"
Cabe recordar que en aquel momento la concejal Fernández fue una férrea defensora de la delimitación del resguardo ambiental y en la vereda de enfrente se encontraba Daniela Casse junto a Jorge Ordoñez, a quien en su momento la edil justicialista tildó de "representante de Monsanto".
La concejal también sostuvo que la Ordenanza 1090 permitió durante más de una década establecer reglas de convivencia entre productores y residentes de sectores próximos a la zona rural.
Además, planteó que la posible derogación de la norma podría generar nuevamente conflictos sobre un tema que considera actualmente regulado en el ámbito municipal.
La Ley provincial número 11.178, publicada a comienzos de 2025, reemplazó el anterior régimen provincial de plaguicidas y estableció un nuevo sistema de buenas prácticas para productos fitosanitarios, con receta agronómica digital obligatoria, registros y zonas de exclusión y amortiguamiento.
Uno de los puntos más discutidos son las distancias respecto de las denominadas áreas sensibles.
Fernández advirtió durante la sesión que bajo el nuevo régimen podrían permitirse aplicaciones a distancias de hasta 10 metros de determinados sectores habitados. Esa distancia existe efectivamente en la legislación para equipos de accionamiento manual y determinados vehículos aéreos no tripulados, dependiendo además del producto utilizado; para aplicaciones con equipos terrestres, las distancias previstas son mayores, desde 100 metros, y pueden ampliarse según la categoría del fitosanitario.
Por lo tanto, el límite de 10 metros no se aplica de manera general a todas las formas de pulverización.
Fernández señaló que el proyecto no afectaría únicamente a la Ordenanza 1090, sino también a normas locales relacionadas con depósitos, transporte y manejo de productos fitosanitarios dentro de la planta urbana.
En ese marco, defendió la continuidad del esquema municipal vigente y sostuvo que cualquier modificación debería evaluarse teniendo en cuenta la salud de la población, la protección ambiental y los derechos de quienes viven en las zonas próximas a explotaciones agrícolas.
También recordó movilizaciones realizadas años atrás en San Salvador por organizaciones vecinales vinculadas con la problemática ambiental y mencionó los reclamos históricos del sector docente respecto de aplicaciones próximas a escuelas rurales.
Fernández también hizo referencia a cuestionamientos judiciales contra la normativa provincial. En ese punto, el escenario tuvo recientemente una novedad: el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el 17 de septiembre dos amparos ambientales vinculados con aplicaciones en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, y dejó sin efecto restricciones de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aéreas que habían sido establecidas en una instancia anterior. En esos casos concretos quedó restablecida la aplicación de la Ley 11.178.
La existencia de ese fallo no elimina necesariamente otros planteos o debates judiciales sobre la norma, pero sí modifica el panorama respecto de esas dos causas recientes.
El proyecto ingresó ahora al Concejo Deliberante de San Salvador, por lo que la discusión sobre una eventual adhesión al régimen provincial y la situación de las ordenanzas municipales todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente.
Fernández anticipó una posición contraria y pidió que los vecinos sigan el debate ante las posibles modificaciones al actual sistema de resguardo ambiental.
