Por: Redacción de Mercurio Noticias
Una presentación formal de acceso a la información pública fue dirigida al presidente municipal de San Salvador, Jorge Zambón, con el objetivo de determinar si Nelson Marcelo Alejandro Espinosa mantuvo o mantiene algún tipo de vínculo con la Municipalidad y si recibió fondos públicos municipales desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
El pedido fue formulado por Nelson Gabriel Lalanda, invocando el derecho de acceso a la información pública reconocido por el artículo 13 de la Constitución de Entre Ríos y la Ordenanza Municipal Nº 1399/2018.
La presentación no afirma que hayan existido contrataciones o pagos, sino que solicita al Ejecutivo que confirme o descarte su existencia y, en caso afirmativo, entregue la documentación correspondiente.
El requerimiento busca establecer si Espinosa estuvo vinculado con la Municipalidad bajo cualquiera de las modalidades utilizadas por la administración pública.
Entre las posibilidades enumeradas aparecen empleado o agente municipal, personal permanente, temporario, transitorio o jornalizado; contratado, locador de servicios u obra, profesional, técnico, asesor, prestador, proveedor, contratista o adjudicatario.
También se pregunta si fue beneficiario de órdenes de compra o provisión o si existió cualquier otra relación administrativa, laboral, comercial o contractual con el Estado municipal.
En caso de confirmarse alguna relación, se pide precisar qué naturaleza jurídica tuvo, cuándo comenzó y cuándo finalizó, además de identificar la Secretaría, dependencia u organismo municipal involucrado.
Uno de los principales puntos del pedido apunta directamente a posibles erogaciones de fondos públicos.
La presentación solicita determinar si Espinosa recibió, desde el 10 de diciembre de 2023, alguna suma de dinero proveniente de la Municipalidad de San Salvador, independientemente del concepto, causa o modalidad y aun cuando eventualmente no hubiera existido un vínculo contractual formalizado.
Si existieron pagos, se requiere un detalle individualizado que incluya fecha, monto y concepto, además del área municipal que autorizó o tramitó cada desembolso.
También se pide identificar el expediente administrativo correspondiente y las órdenes de pago, comprobantes, resoluciones, decretos, contratos, facturas o recibos utilizados como respaldo.
El requerimiento incluye otro interrogante: si existen actualmente montos devengados, comprometidos, liquidados o pendientes de pago a favor de la persona mencionada.
El planteo no se limita a obtener una respuesta del Ejecutivo, sino que reclama acceso a la documentación que eventualmente permita comprobarla.
En caso de existir algún vínculo o pago, se solicitan copias digitales de actos administrativos, decretos, resoluciones, contratos, convenios, órdenes de compra y provisión, adjudicaciones, expedientes, órdenes y comprobantes de pago, facturas, recibos y certificaciones de servicios o prestaciones.
La solicitud contempla incluso la posibilidad de que parte de esa documentación contenga información exceptuada del acceso público. Para esos casos pide que se oculten exclusivamente los datos protegidos y se entregue el resto del documento, en lugar de rechazar completamente el acceso.
En la presentación se explica que el objetivo es conocer la eventual existencia de relaciones jurídicas entre una persona y el Estado municipal y determinar si hubo erogaciones de fondos públicos vinculadas con esas relaciones.
El planteo se apoya especialmente en la Ordenanza Nº 1399/2018, que establece principios de publicidad, transparencia, máxima divulgación y acceso a la información municipal.
Según se señala en el documento, la propia normativa incluye dentro de la información accesible cuestiones relacionadas con empleados públicos, procesos de licitación y contratación, adquisición de bienes, prestación de servicios y compras directas.
Además, el solicitante aclara que el requerimiento está limitado temporalmente al período iniciado el 10 de diciembre de 2023 y que no pretende que el municipio produzca información nueva, sino acceder exclusivamente a documentación y registros que ya se encuentren en poder de la administración.
Finalmente, Lalanda solicita que la presentación sea formalmente recibida y se le asigne un número de expediente que permita realizar su seguimiento.
También pide una respuesta expresa sobre si Espinosa tuvo o tiene algún vínculo con la Municipalidad y si recibió dinero del Estado municipal durante el período consultado.
Si la respuesta fuera afirmativa, solicita que se identifiquen los vínculos, actos administrativos, períodos, conceptos y montos, acompañando las respectivas copias digitales.
De esta manera, la presentación abre una instancia administrativa destinada a obtener información oficial sobre eventuales relaciones contractuales o laborales y posibles pagos efectuados con fondos municipales.
Hasta contar con la respuesta y la documentación solicitada, el pedido no permite concluir que los vínculos o desembolsos consultados efectivamente hayan existido.
