Por: Redacción de Mercurio Noticias
El procedimiento ocurrió sobre el final de la concentración que los jubilados realizan habitualmente los miércoles en el centro de Concordia.
Según denunció Néstor Adente, docente y miembro de FAGDUT que acompañaba la movilización, efectivos policiales trasladaron a Perlestein, Cabrera y Verón a la dependencia policial bajo el argumento de realizar una averiguación e identificación de antecedentes.
Posteriormente, la Jefatura Departamental brindó su versión del episodio.
De acuerdo con la información policial aportada a MERCURIO NOTICIAS, el Comando Radioeléctrico recibió un llamado que alertaba sobre manifestantes que habían encendido fuego sobre una bandera o representación de una bandera en Plaza 25 de Mayo, situación que habría generado preocupación entre otras personas que se encontraban en el lugar.
La fuerza indicó que el episodio fue observado mediante las cámaras de la sala del 911 y que el personal intervino para hacer cesar la conducta ante el riesgo que, según su evaluación, implicaba el fuego para los propios participantes, los transeúntes y el espacio público.
El jefe departamental, Juan Rosatelli, también señaló a un medio local que la intervención estuvo relacionada con la quema observada por cámaras y con llamados recibidos por personas que manifestaron temor ante la situación.
Según la versión oficial aportada, las tres personas fueron trasladadas a la Jefatura para establecer sus datos y realizar las actuaciones correspondientes, con conocimiento de las autoridades judiciales. Una vez identificadas, recuperaron la libertad.
La Policía comunicó además que se inició una causa de oficio por el presunto delito de Intimidación Pública. El inicio de la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal de las personas involucradas.
Tras recuperar la libertad, en declaraciones enviadas a MERCURIO NOTICIAS, Ramón Cabrera sostuvo que el traslado tuvo características de una represalia contra la protesta y vinculó el procedimiento con la quema simbólica de una cartulina que representaba la bandera de Estados Unidos.
Cabrera explicó que esa acción había formado parte de las expresiones políticas realizadas durante la concentración y aseguró que dentro de la dependencia recibieron advertencias respecto de la posibilidad de nuevas intervenciones si se repetían ese tipo de conductas.
Se trata de la versión del manifestante, mientras que la Policía atribuyó el procedimiento al riesgo generado por el uso de fuego en un espacio público y a la necesidad de identificar a quienes participaron del episodio.
Cabrera también sostuvo que la movilización incluía reclamos por la situación de los jubilados, cuestionamientos vinculados con la atención de PAMI y expresiones contra políticas del Gobierno nacional.
Luego del traslado, otros participantes de la marcha se dirigieron hasta las inmediaciones de la Jefatura Departamental y permanecieron allí mientras se realizaban las actuaciones.
Los manifestantes también recurrieron a abogados para interiorizarse sobre la situación de las tres personas, que finalmente fueron liberadas durante la misma jornada.
ATE Concordia expresó posteriormente su solidaridad con Perlestein, Cabrera y Verón y cuestionó el procedimiento policial, al considerar que podía afectar el ejercicio de los derechos de reunión, expresión y protesta. Esa apreciación corresponde a la posición pública del sindicato.
La investigación judicial iniciada por Intimidación Pública deberá ahora establecer las circunstancias del hecho y determinar si corresponde avanzar con alguna responsabilidad penal.
