Por: Nelson Lalanda, editor responsable de MN
La Municipalidad de San Salvador figura como parte demandada en al menos cinco expedientes judiciales iniciados entre julio de 2025 y julio de 2026 ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad, de acuerdo con los datos de las causas consultadas. Los procesos corresponden a distintos tipos de reclamos, entre ellos cuestiones laborales, ejecuciones judiciales y una acción vinculada con una presunta demora administrativa.
El expediente más reciente fue iniciado el 3 de julio de 2026 por M.G.P. contra la Municipalidad de San Salvador, bajo el número 7617/L, y se encuentra caratulado como “Incidente de redargución de falsedad”.
En términos generales, la redargución de falsedad es un procedimiento mediante el cual una de las partes cuestiona judicialmente la autenticidad o veracidad de un documento o instrumento incorporado a una causa. La sola existencia de esta carátula no permite determinar qué documento se encuentra controvertido ni si finalmente será considerado falso por la Justicia.
Otro proceso fue promovido el 3 de junio de 2026 por C.L. contra la Municipalidad, expediente 7551, bajo la figura de “Acción de amparo por mora”.
Este tipo de acción se utiliza, en términos generales, cuando una persona considera que un organismo de la administración pública ha demorado más allá de un plazo razonable en expedirse, responder una presentación o resolver un trámite. Su objetivo suele ser obtener una orden judicial que obligue a la administración a pronunciarse, sin que ello implique necesariamente que el juez deba darle la razón al reclamante sobre la cuestión de fondo.
Ejecuciones de honorarios
Entre los expedientes también aparecen dos causas por ejecución de honorarios.
Una de ellas fue iniciada el 6 de noviembre de 2025 por F.G.G. contra la Municipalidad de San Salvador, expediente 7175.
La restante comenzó el 23 de julio de 2025, promovida por E.N.P. contra la Municipalidad, bajo el expediente 6964.
Las ejecuciones de honorarios son procedimientos que, de manera general, buscan obtener el cobro judicial de honorarios profesionales previamente regulados o reconocidos y que, según sostiene quien inicia la ejecución, se encontrarían pendientes de pago. La carátula por sí sola no permite establecer el monto involucrado, su origen ni las defensas que eventualmente haya presentado el municipio.
Finalmente, el 22 de julio de 2025, S.C.V. inició contra la Municipalidad de San Salvador el expediente 6961, caratulado “Ejecución de sentencia”.
Una ejecución de sentencia tiene por finalidad, en términos generales, procurar el cumplimiento efectivo de una resolución judicial que previamente reconoció una determinada obligación. Puede involucrar el pago de una suma de dinero u otra prestación ordenada por la Justicia, aunque los datos disponibles no permiten precisar cuál es el contenido de la sentencia que dio origen al trámite.
MERCURIO NOTICIAS también detectó que se ha producido el inicio de múltiples causas relacionadas con apremios, muchos de ellos contra comerciantes, quienes varios de ellos han afirmado que no habían sido notificados previamente y que directamente habrían sido enviados a la Justicia.
Cabe destacar que por cada apremio presentado ante la Justicia, la Asesoría Legal del Municipio se quedaría con una jugosa suma por honorarios profesionales, lo que podría llegar a constituir un pequeño quiosco judicial dentro del propio municipio si es que no se dan los pasos que deben cumplimentarse. Cabe destacar además que varios de los montos reclamados por el Municipio serían menores a lo que ganaría el abogado por cada apremio.
Según colegas abogados, cada honorario por cada apremio iniciado rondaría el millón de pesos. Y hasta junio de 2026 se habría producido al menos una veintena. Cada uno podrá sacar sus cuentas.
Este reclamo habría llegado al Centro Económico de San Salvador que estaría en conocimiento de tal situación. Al parecer, desde las autoridades habrían instado una medida en conjunto pero la misma no prosperó. ¿Temor de los comerciantes?
En la gestión anterior los comerciantes proveedores del municipio eran castigados con meses de mora en el pago, al parecer en esta gestión los comerciantes son atacados directamente desde la Justicia y sin previo aviso.
Por otro lado, es vox populli en los pasillos del municipio que la Asesoría legal tiene dos funcionarios nombrados, pero que solo uno trabajaría in situ.
El Departamento Ejecutivo Municipal de San Salvador puso en conocimiento del Concejo Deliberante la existencia y situación de tres demandas judiciales que podrían generar consecuencias económicas para las arcas públicas. Por amplio margen, el reclamo de mayor cuantía asciende a 262.380.301,59 pesos, más actualizaciones e intereses, y deriva del grave accidente sufrido en marzo de 2025 por una niña de ocho años en el Predio del Arroz, cuando un portón cayó sobre ella y le provocó una fractura de fémur. También se informaron una demanda laboral por 11 millones de pesos directamente contra el Municipio y el juicio iniciado por el ex contador Eduardo Suárez, cuyo impacto económico aún no está cuantificado, y que fue primicia de MERCURIO NOTICIAS.
La documentación fue remitida por el Departamento Ejecutivo al cuerpo deliberativo junto con copias de las cédulas de notificación correspondientes.
La finalidad expresada por el Municipio es que los concejales tengan conocimiento de la existencia, el estado y la eventual incidencia patrimonial de los procesos judiciales actualmente en trámite.
La principal contingencia económica informada corresponde al expediente “Villa, Daniel Cecilio y otra c/ Municipalidad de San Salvador s/ Ordinario Daños y Perjuicios”, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Salvador.
La acción busca obtener una reparación integral por las consecuencias del accidente sufrido por una menor en el denominado Predio del Arroz.
La demanda fue cuantificada en $262.380.301,59, a lo que deberán agregarse las actualizaciones e intereses que eventualmente correspondan hasta el efectivo pago.
Se trata, por lo tanto, del reclamo económicamente más importante de los tres procesos comunicados al Concejo y su valor podría incrementarse durante la tramitación judicial.
La parte demandante cuenta con el patrocinio de la abogada María Susana Benítez, de San Salvador.
El hecho que dio origen al millonario reclamo ocurrió durante la tarde del 18 de marzo de 2025, en inmediaciones del Predio del Arroz de San Salvador.
Según la información publicada entonces, una niña de ocho años se encontraba jugando en el lugar cuando un portón se desprendió y cayó sobre ella. La menor quedó atrapada debajo de la estructura y debió ser auxiliada por personas que se encontraban en el sector.
La pequeña fue trasladada inicialmente al Hospital San Miguel de San Salvador y posteriormente derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí se constató que presentaba una fractura del fémur derecho y quedó internada en el área de terapia pediátrica para control.
En el lugar del accidente también intervino personal de Policía Científica, bajo directivas de la Fiscalía en turno, para realizar las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Después del accidente, la madre de la niña sostuvo públicamente que el portón ya se encontraba desprendido y cuestionó las condiciones de seguridad existentes en el predio. También aseguró que necesitó la colaboración de varias personas para levantar la estructura y liberar a su hija.
En aquel momento, desde el área municipal de Obras y Servicios Públicos se planteó como posibilidad que alguien hubiera removido previamente una traba del portón. La madre rechazó esa hipótesis.
Esas circunstancias forman parte de los antecedentes del episodio, aunque será el proceso judicial el encargado de establecer las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.
La suma de $262,3 millones constituye el monto reclamado por la parte demandante y no una condena firme contra la Municipalidad.
La segunda causa detallada por el Ejecutivo es “Rebord, Norma Beatriz c/ Municipalidad de San Salvador y otro s/ Accidente de Trabajo”, también en trámite ante el juzgado local.
En ese proceso se reclaman a la Municipalidad $11 millones: $7 millones por una alegada falta de registración laboral y otros $4 millones por una supuesta falta de pago oportuno de indemnización.
En el mismo expediente existen además pretensiones contra la aseguradora IAPSER por $53.729.115,14, monto que corresponde al reclamo dirigido contra esa entidad y no directamente contra el Municipio.
La representación legal de la demandante también está a cargo de María Susana Benítez.
El tercer proceso es “Suárez, Eduardo Gabriel c/ Municipalidad de San Salvador s/ Contencioso Administrativo”, iniciado por quien se desempeñó como contador municipal.
Suárez busca obtener la declaración de nulidad de la Ordenanza N° 1753/2024 y del Decreto Municipal N° 234/24, además de su restitución en el cargo y el reconocimiento de haberes. A diferencia de los otros dos expedientes, la demanda no contiene por el momento una suma económica previamente liquidada, por lo que su eventual incidencia patrimonial dependerá de lo que finalmente resuelva la Justicia.
MERCURIO NOTICIAS había revelado en exclusiva el 29 de julio que la Municipalidad ya había sido formalmente notificada de este juicio. La causa tramita ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay bajo el expediente 3190/CU, y la cédula fue recibida en la sede municipal el 27 de julio.
La documentación conocida entonces permitió establecer que la demanda había sido declarada admisible mediante una resolución del 19 de noviembre de 2025. Posteriormente, el 9 de febrero de 2026, el tribunal dispuso que continuara mediante el procedimiento ordinario y corrió traslado al Municipio por un plazo de 30 días.
Suárez se había presentado judicialmente el 21 de julio de 2025 con el patrocinio del abogado Mario G. Carballo. La Cámara también había solicitado al Municipio actuaciones administrativas relacionadas con el conflicto y la notificación entregada en julio incluyó 26 fojas correspondientes a la demanda y documentación acompañada por la parte actora.
La Municipalidad de San Salvador deberá abonar $1.365.809,85 en honorarios profesionales a la abogada de la trabajadora municipal que inició el expediente por violencia y/o discriminación en el ámbito laboral que involucra al secretario de Gobierno, Aldo Pastorini, al jefe de Inspección, Roberto Pennachi, y a los inspectores Román Fetter y Enrique Delaloye.
El pago fue dispuesto mediante la Resolución Nº 143/26, luego de que en mayo el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Salvador ratificara como definitivas distintas medidas preventivas que habían sido ordenadas inicialmente en noviembre de 2025.
La resolución administrativa, fechada el 24 de agosto de 2026, establece el pago de los honorarios regulados judicialmente a la abogada María de los Ángeles Petit, representante de la parte actora.
La suma fue fijada en el equivalente a 15 juristas, alcanzando un total de $1.365.809,85, que deberá depositarse en la cuenta judicial correspondiente al expediente Nº 7176/V, caratulado “M. V. A. c/Pastorini Aldo y otros s/Violencia y/o Discriminación en el Ámbito Laboral”.
Como informó EN EXCLUSIVA MERCURIO NOTICIAS, el expediente comenzó el 6 de noviembre de 2025 ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Salvador, a partir de una denuncia presentada por una empleada municipal vinculada al área de Tránsito.
La causa quedó registrada bajo la carátula de violencia y/o discriminación en el ámbito laboral.
El 10 de noviembre de ese año, la Justicia adoptó una serie de medidas preventivas de carácter provisorio destinadas a resguardar a la trabajadora mientras avanzaba el expediente.
En diciembre de 2025, MERCURIO NOTICIAS informó públicamente sobre la existencia de la causa y la participación como denunciados de funcionarios y agentes municipales.
