Por: Redacción de Mercurio Noticias
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves 3 de septiembre la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, al declarar inadmisibles los recursos que mantenían abierto el expediente en la máxima instancia judicial del país. La decisión alcanza también a su cuñado Juan Pablo Aguilera y al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, por lo que los tres deberán cumplir penas efectivas de prisión.
La resolución fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal desestimó los planteos mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo cual se agotó la vía recursiva y las condenas dictadas por la Justicia entrerriana adquirieron firmeza definitiva.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos vinculados con el manejo irregular de recursos estatales, entre ellos peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Aguilera y Báez recibieron penas de seis años y seis meses de prisión.
Tras conocerse la decisión de la Corte, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó avanzar con la detención de los condenados y la ejecución efectiva de las penas. Los medios entrerrianos informaron que Urribarri, Aguilera y Báez deberán regresar a la Unidad Penal de Paraná.
La denominada Megacausa reunió investigaciones sobre el uso de fondos estatales durante las gestiones de Urribarri al frente del Gobierno entrerriano. Entre los hechos juzgados estuvieron contrataciones relacionadas con publicidad oficial, cartelería en la vía pública y acciones promocionales vinculadas a la proyección política del entonces gobernador.
La investigación judicial dio por probado un mecanismo mediante el cual fondos públicos fueron direccionados hacia empresas relacionadas con Aguilera y otras personas involucradas. Infobae detalló que una parte de las maniobras comprendió 143 operaciones realizadas entre 2010 y 2015, además de otros gastos que fueron analizados dentro de los expedientes acumulados.
Entre los capítulos investigados estuvieron la contratación de Global Means, el denominado expediente de las imprentas —vinculado con las firmas TEP SRL y Next SRL— y el denominado “Sueño Entrerriano”, que comprendió distintas acciones publicitarias financiadas con recursos provinciales.
No será la primera vez que Urribarri y Aguilera ingresen a una cárcel por esta causa. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación Penal entrerriana había dispuesto sus prisiones preventivas ante el riesgo de que pudieran eludir la acción de la Justicia.
Ambos permanecieron privados de su libertad durante alrededor de 50 días, hasta que el 8 de enero de 2025 la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó que recuperaran la libertad mientras continuaba pendiente la definición de la Corte Suprema.
Desde entonces, Urribarri permanecía con domicilio fijado en Concordia, mientras Aguilera estaba sometido también a restricciones judiciales. La diferencia central ahora es que la decisión conocida este jueves deja firme la condena, por lo que el eventual regreso a prisión ya no será bajo una medida preventiva sino para avanzar con el cumplimiento de las penas impuestas.
La resolución de la Corte alcanzó además a los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, entre otros condenados, por lo que quedó cerrado el recorrido recursivo de la sentencia correspondiente al megajuicio.
La decisión representa así un punto definitivo en una causa judicial que comenzó hace varios años, atravesó el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, la Cámara de Casación, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
