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Por: Redacción de Mercurio Noticias
Textual: lo que leyó Zambón
En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante elevamos una comunicación informando sobre distintas demandas judiciales promovidas contra la Municipalidad de San Salvador, con la finalidad de que dicho cuerpo tome conocimiento de las mismas y, al mismo tiempo, que la ciudadanía pueda conocer aquellas cuestiones que eventualmente pudieran generar consecuencias patrimoniales para el Municipio.
La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y se limita a reseñar información que surge de actuaciones judiciales y actos administrativos vinculados con procesos en los que la Municipalidad resulta parte.
Las pretensiones, hechos y montos que se mencionan corresponden a los términos en que han sido formulados en cada expediente y su publicación no importa reconocer su procedencia ni responsabilidad alguna por parte del Municipio, cuestiones que se encuentran sometidas a decisión judicial.
“VILLA DANIEL CECILIO Y OTRA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
La demanda tiene por objeto obtener la reparación integral de los daños y perjuicios que los actores atribuyen al accidente sufrido por una menor en el denominado “Predio del Arroz”, reclamándose la suma de $262.380.301,59.
Se trata de un accidente ocurrido en el predio mencionado, respecto del cual será la Justicia quien deberá determinar la existencia y, en su caso, el alcance de una eventual responsabilidad.
Desde el Municipio lamentamos profundamente lo sucedido, circunstancia que oportunamente fue transmitida a la familia, a quien se acompañó desde el primer momento y durante las distintas instancias posteriores al accidente.
La demanda es patrocinada por la Dra. Susana Benítez, integrante del Estudio Jurídico Larrarte y Asociados.
“SUÁREZ EDUARDO GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”
El actor solicita la nulidad de la Ordenanza Nº 1753/2024 y del Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 234/24, mediante los cuales se dispuso su remoción de las funciones que desempeñaba, requiriendo consecuentemente su restitución al cargo y el reconocimiento de diferencias de haberes.
La posición del Municipio sostiene que los procedimientos administrativos correspondientes fueron cumplidos y que durante su tramitación se respetaron las garantías aplicables.
Actualmente se encuentra presentándose la correspondiente respuesta judicial, acompañándose los antecedentes y elementos probatorios que sustentaron la decisión adoptada y la posterior remoción, oportunamente aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
El proceso contencioso administrativo es patrocinado por el Dr. Caraballo, quien asimismo interviene profesionalmente en expedientes de apremio promovidos por esta Municipalidad y casualmente, ha constituido domicilio procesal en calle San Martín Nº 261 de la ciudad de San Salvador.
“REBORD NORMA BEATRIZ C/ MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR Y OTRO –IAPSER–”
En este proceso se formula un reclamo fundado en una relación laboral denunciada por la actora. La pretensión económica supera los $11.000.000, incluyendo distintos conceptos derivados de la falta de registración alegada y del supuesto incumplimiento en el pago de indemnizaciones laborales.
Dentro de sus planteos, la actora solicita además la declaración de inconstitucionalidad del Programa Cooperar.
La demanda es patrocinada por la Dra. Susana Benítez.
El Programa Cooperar se encuentra vigente en el ámbito municipal a partir de la Ordenanza Nº 734/2004 y la última actualización fué mediante la Ordenanza Nº 1046/2012.
Esta última ordenanza fue sancionada durante la presidencia del Honorable Concejo Deliberante del Dr. Lucas Larrarte, quien suscribió dicho instrumento en tal carácter y hoy demanda su inconstitucionalidad.
Se trata de procesos actualmente en trámite, por lo que las distintas pretensiones y defensas formuladas deberán ser resueltas, en definitiva, por los órganos judiciales competentes.
