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Por: Redacción de Mercurio Noticias
El Senado entrerriano trató y aprobó en general por unanimidad el proyecto que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una herramienta destinada a facilitar la participación público-privada en el mantenimiento y mejoramiento de caminos, especialmente en zonas rurales.
Aunque todas las bancadas acompañaron la iniciativa en términos generales, Más para Entre Ríos y Hacer Futuro no respaldaron los títulos I y III durante la votación particular, al advertir sobre las facultades de los consorcios, el control de los recursos y el futuro papel del personal de la Dirección Provincial de Vialidad.
La iniciativa reúne los expedientes 15.070, 27.070, 25.904 y 24.890, cuyos autores son los diputados Calleros, Arrecous, Vitor —mandato cumplido— y Loggio —mandato cumplido—, junto con el senador por Nogoyá, Rafael Cavagna.
El texto que llegó al Senado ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, donde había sido aprobado por unanimidad.
Durante el tratamiento en la Cámara Alta también fueron analizadas otras propuestas vinculadas al funcionamiento de los consorcios, aunque finalmente se decidió avanzar sobre el proyecto que ya había recibido aprobación en Diputados.
El senador Jaime Benedetti, de Juntos por Entre Ríos, fundamentó el respaldo del oficialismo y señaló que los consorcios camineros ya funcionan en distintos sectores de la provincia, aunque enfrentan dificultades debido a las exigencias del marco normativo actual.
Desde esa bancada sostuvieron que el proyecto apunta a simplificar los requisitos para constituir estos organismos y reducir procedimientos burocráticos, especialmente frente a intervenciones que requieren respuestas rápidas.
También plantearon que los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Públicas pueden generar demoras para atender determinadas necesidades urgentes de los caminos.
Benedetti aclaró que el sistema no está pensado para ejecutar grandes obras viales ni para reemplazar a los trabajadores estatales y remarcó que los consorcios continuarán bajo fiscalización y control de Vialidad Provincial.
El oficialismo vinculó además la iniciativa con la necesidad de garantizar mejores condiciones de transitabilidad para las familias rurales, tanto para sacar la producción como para acceder a salud, educación y otros servicios esenciales.
Desde el bloque Más para Entre Ríos, el senador Juan Diego Conti adelantó el acompañamiento general al proyecto al reconocer la necesidad de brindar respuestas a productores y habitantes de las zonas rurales.
Sin embargo, manifestó objeciones sobre algunos puntos de la normativa, particularmente respecto de la falta de mayores precisiones sobre qué papel tendrá el personal de la Dirección Provincial de Vialidad dentro del nuevo esquema.
La oposición puso en valor la experiencia y el conocimiento territorial de los trabajadores del organismo vial y planteó la necesidad de evitar que el Estado pierda capacidad de decisión y control sobre la red caminera provincial.
Estas diferencias se reflejaron durante la votación en particular, cuando Más para Entre Ríos y el unibloque Hacer Futuro no acompañaron los títulos I y III del proyecto.
El senador Víctor Sanzberro, de Más para Entre Ríos, también cuestionó que se avanzara con el texto proveniente de Diputados sin incorporar modificaciones surgidas durante el análisis realizado por las tres comisiones que habían trabajado sobre la iniciativa.
Uno de sus principales reparos estuvo vinculado con la ampliación de las facultades otorgadas a los consorcios, que podrán intervenir en la construcción de obras y tramos de la red secundaria.
También cuestionó la posibilidad de exceptuar determinadas actuaciones del régimen de la Ley de Obras Públicas y reclamó mecanismos claros de fiscalización cuando se utilicen recursos públicos.
Desde ese sector insistieron en que los consorcios deben funcionar como una herramienta complementaria de Vialidad Provincial y no como un sustituto del Estado.
La situación de los caminos rurales constituye uno de los principales reclamos de productores y vecinos del interior entrerriano, especialmente después de períodos de lluvias intensas que dificultan la transitabilidad.
El nuevo régimen busca brindar un marco legal más flexible para la conformación y funcionamiento de los consorcios, permitiendo una intervención más directa de actores locales en determinadas tareas de conservación y mantenimiento.
El debate legislativo mostró un amplio acuerdo sobre la necesidad de mejorar los caminos, aunque también dejó planteadas diferencias respecto de cómo distribuir responsabilidades entre los consorcios y Vialidad, qué controles aplicar y hasta dónde deben extenderse las facultades de estas organizaciones.
