La iniciativa contempla el tratamiento legislativo de la derogación de la Ley 4.506, presentada en enero de 2024 como parte de un conjunto de proyectos orientados a reforzar la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios.

La norma vigente fija para los beneficiarios un ingreso equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. En los fundamentos del proyecto se remarcó que las justificaciones originales del régimen quedaron desactualizadas y que su vigencia se encuentra en tensión con principios actuales de igualdad y ética pública.

El trámite legislativo tuvo un proceso de debate que se extendió por más de dos años. En una primera instancia, Diputados otorgó media sanción en abril de 2024; luego el debate continuó en el Senado, donde se modificó un punto vinculado a las condiciones para quitar beneficios ya concedidos. Con los ajustes realizados, la iniciativa regresó a Diputados para completar el tratamiento.

Con la aprobación definitiva, el cambio define una frontera hacia adelante: no implicaría una anulación automática de derechos ya reconocidos, pero sí dejaría sin garantía de continuidad el acceso al beneficio para quienes ocupen en el futuro los cargos de Gobernador y Vicegobernador.

En ese marco, las máximas autoridades alcanzadas por la reforma serían las que se encuentran actualmente en funciones, al ser las primeras que deberán finalizar sus mandatos sin la pensión vitalicia prevista por la ley derogada.