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Por: Redacción de Mercurio Noticias
El Departamento Ejecutivo Municipal de San Salvador puso en conocimiento del Concejo Deliberante la existencia y situación de tres demandas judiciales que podrían generar consecuencias económicas para las arcas públicas. Por amplio margen, el reclamo de mayor cuantía asciende a 262.380.301,59 pesos, más actualizaciones e intereses, y deriva del grave accidente sufrido en marzo de 2025 por una niña de ocho años en el Predio del Arroz, cuando un portón cayó sobre ella y le provocó una fractura de fémur. También se informaron una demanda laboral por 11 millones de pesos directamente contra el Municipio y el juicio iniciado por el ex contador Eduardo Suárez, cuyo impacto económico aún no está cuantificado, y que fue primicia de MERCURIO NOTICIAS.
La documentación fue remitida por el Departamento Ejecutivo al cuerpo deliberativo junto con copias de las cédulas de notificación correspondientes.
La finalidad expresada por el Municipio es que los concejales tengan conocimiento de la existencia, el estado y la eventual incidencia patrimonial de los procesos judiciales actualmente en trámite.
La principal contingencia económica informada corresponde al expediente “Villa, Daniel Cecilio y otra c/ Municipalidad de San Salvador s/ Ordinario Daños y Perjuicios”, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Salvador.
La acción busca obtener una reparación integral por las consecuencias del accidente sufrido por una menor en el denominado Predio del Arroz.
La demanda fue cuantificada en $262.380.301,59, a lo que deberán agregarse las actualizaciones e intereses que eventualmente correspondan hasta el efectivo pago.
Se trata, por lo tanto, del reclamo económicamente más importante de los tres procesos comunicados al Concejo y su valor podría incrementarse durante la tramitación judicial.
La parte demandante cuenta con el patrocinio de la abogada María Susana Benítez, de San Salvador.
El hecho que dio origen al millonario reclamo ocurrió durante la tarde del 18 de marzo de 2025, en inmediaciones del Predio del Arroz de San Salvador.
Según la información publicada entonces, una niña de ocho años se encontraba jugando en el lugar cuando un portón se desprendió y cayó sobre ella. La menor quedó atrapada debajo de la estructura y debió ser auxiliada por personas que se encontraban en el sector.
La pequeña fue trasladada inicialmente al Hospital San Miguel de San Salvador y posteriormente derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí se constató que presentaba una fractura del fémur derecho y quedó internada en el área de terapia pediátrica para control.
En el lugar del accidente también intervino personal de Policía Científica, bajo directivas de la Fiscalía en turno, para realizar las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Después del accidente, la madre de la niña sostuvo públicamente que el portón ya se encontraba desprendido y cuestionó las condiciones de seguridad existentes en el predio. También aseguró que necesitó la colaboración de varias personas para levantar la estructura y liberar a su hija.
En aquel momento, desde el área municipal de Obras y Servicios Públicos se planteó como posibilidad que alguien hubiera removido previamente una traba del portón. La madre rechazó esa hipótesis.
Esas circunstancias forman parte de los antecedentes del episodio, aunque será el proceso judicial el encargado de establecer las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.
La suma de $262,3 millones constituye el monto reclamado por la parte demandante y no una condena firme contra la Municipalidad.
La segunda causa detallada por el Ejecutivo es “Rebord, Norma Beatriz c/ Municipalidad de San Salvador y otro s/ Accidente de Trabajo”, también en trámite ante el juzgado local.
En ese proceso se reclaman a la Municipalidad $11 millones: $7 millones por una alegada falta de registración laboral y otros $4 millones por una supuesta falta de pago oportuno de indemnización.
En el mismo expediente existen además pretensiones contra la aseguradora IAPSER por $53.729.115,14, monto que corresponde al reclamo dirigido contra esa entidad y no directamente contra el Municipio.
La representación legal de la demandante también está a cargo de María Susana Benítez.
El tercer proceso es “Suárez, Eduardo Gabriel c/ Municipalidad de San Salvador s/ Contencioso Administrativo”, iniciado por quien se desempeñó como contador municipal.
Suárez busca obtener la declaración de nulidad de la Ordenanza N° 1753/2024 y del Decreto Municipal N° 234/24, además de su restitución en el cargo y el reconocimiento de haberes. A diferencia de los otros dos expedientes, la demanda no contiene por el momento una suma económica previamente liquidada, por lo que su eventual incidencia patrimonial dependerá de lo que finalmente resuelva la Justicia.
MERCURIO NOTICIAS había revelado en exclusiva el 29 de julio que la Municipalidad ya había sido formalmente notificada de este juicio. La causa tramita ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay bajo el expediente 3190/CU, y la cédula fue recibida en la sede municipal el 27 de julio.
La documentación conocida entonces permitió establecer que la demanda había sido declarada admisible mediante una resolución del 19 de noviembre de 2025. Posteriormente, el 9 de febrero de 2026, el tribunal dispuso que continuara mediante el procedimiento ordinario y corrió traslado al Municipio por un plazo de 30 días.
Suárez se había presentado judicialmente el 21 de julio de 2025 con el patrocinio del abogado Mario G. Carballo. La Cámara también había solicitado al Municipio actuaciones administrativas relacionadas con el conflicto y la notificación entregada en julio incluyó 26 fojas correspondientes a la demanda y documentación acompañada por la parte actora.
Aunque los tres procesos permanecen en trámite y ninguno de los montos reclamados implica por sí mismo una obligación definitiva para el Estado municipal, el expediente vinculado con el accidente del Predio del Arroz sobresale por su volumen económico.
Los $262.380.301,59 reclamados constituyen el capital inicial pretendido, al que la demanda agrega actualizaciones e intereses hasta el momento de un eventual pago.
El informe elevado por el Ejecutivo busca precisamente que el Concejo Deliberante conozca estas contingencias y pueda dimensionar las posibles consecuencias presupuestarias en caso de que alguno de los procesos derive en una sentencia desfavorable para la Municipalidad.
