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En las primeras horas de este miércoles, un procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) sacudió a la Policía de Entre Ríos. Efectivos de la delegación local allanaron la Jefatura Departamental Paraná y detuvieron a Daniel Rosatelli, un funcionario policial y abogado que cumplía funciones de asesoramiento dentro de la fuerza.
El operativo, que comenzó pasadas las 8 de la mañana, fue ordenado por el titular del Juzgado Federal de Paraná, el juez Leandro Ríos. La causa investiga presuntas violaciones a la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes.
De acuerdo a la información que trascendió sobre el accionar judicial y policial, el operativo se articuló de la siguiente manera:
Detención: Rosatelli fue sorprendido y apresado en su domicilio particular.
Allanamientos: Además de su vivienda, la Policía Federal irrumpió en la sede de la Jefatura Departamental Paraná para requisar específicamente la oficina vinculada al funcionario.
Traslado: El detenido fue derivado inicialmente a las dependencias de la PFA en la capital provincial, y se preveía su posterior traslado a la Unidad Penal Nº 1.
La noticia recorrió con rapidez las comisarías y dependencias de toda la provincia, generando un profundo estupor. La conmoción se debe a que Rosatelli no era un efectivo más: había ocupado roles sensibles y estratégicos dentro de la estructura, incluyendo funciones en el área jurídica, la Secretaría General de la Departamental Paraná y tareas de asesoramiento en la Dirección de Investigaciones.
A esto se suma el peso de su apellido dentro de la institución. El detenido es hijo del comisario general retirado Juan Ramón Rosatelli, un histórico dirigente de la fuerza que llegó a desempeñarse como subjefe de la Policía de Entre Ríos durante los mandatos provinciales de Jorge Busti y Sergio Urribarri.
Actualmente, la investigación judicial se enfoca en determinar con exactitud cuál habría sido la participación concreta del funcionario en la red investigada. Cabe destacar que, mientras avanza el proceso y se analizan las pruebas obtenidas en los allanamientos, rige para el detenido el principio constitucional de presunción de inocencia.
