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Por: Redacción de Mercurio Noticias
AGMER informó este miércoles que cerca de 500 personas adhirieron en apenas dos días al amparo colectivo que cuestiona el nuevo sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas en las escuelas públicas entrerrianas. Durante una conferencia de prensa realizada junto a Fundación Cauce y representantes legales de padres y madres, ratificaron el rechazo a la distribución de determinados productos ultraprocesados y convocaron a las familias que se consideren afectadas a incorporarse al proceso judicial.
La conferencia se desarrolló durante la mañana en la sede central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), con el objetivo de informar sobre el avance de la presentación judicial vinculada con los cambios introducidos en el programa de alimentación escolar.
Participaron el secretario general de AGMER, Abel Antivero; el abogado representante de un grupo de madres y padres, Rubén Pagliotto; la abogada de Fundación Cauce, Valeria Enderle; y la representante legal del gremio docente, Verónica Fischbach.
Durante el encuentro se informó que, después de la convocatoria pública dispuesta por la Justicia en el marco del proceso colectivo, se registraron casi 500 adhesiones en solamente dos días.
La convocatoria judicial está dirigida a quienes se consideren afectados o tengan un interés directo en la discusión sobre el nuevo esquema de desayunos y meriendas implementado en establecimientos educativos públicos de Entre Ríos.
Desde las organizaciones que impulsan la acción solicitaron a padres, madres y demás personas alcanzadas por la situación que evalúen incorporarse formalmente al expediente dentro de los plazos establecidos por la Justicia.
Durante la conferencia también se ratificó el rechazo al suministro de determinados alimentos ultraprocesados dentro del programa escolar.
El planteo judicial sostiene que la alimentación destinada a niños, niñas y adolescentes debe ajustarse a las disposiciones vigentes en materia de nutrición y alimentación saludable.
Precisamente, el objeto del amparo apunta a determinar si el nuevo sistema uniforme implementado por la Provincia garantiza adecuadamente esos derechos y cumple con la normativa nacional aplicable.
Desde el gremio docente también expresaron su rechazo a la respuesta del Gobierno provincial frente a los cuestionamientos surgidos en distintas comunidades educativas.
AGMER consideró que las críticas oficiales terminaron involucrando injustamente a directivos, docentes y personal de cocina, quienes históricamente participan de la organización y funcionamiento cotidiano de los comedores escolares.
La organización gremial sostuvo que la discusión debe concentrarse en las características del nuevo sistema de provisión y en la calidad nutricional de los alimentos que reciben los estudiantes, evitando trasladar responsabilidades hacia los trabajadores de las escuelas.
El proceso continuará ahora en el ámbito judicial, mientras se cumple el período abierto para que las personas alcanzadas puedan presentarse y hacer valer sus derechos dentro del amparo colectivo.
