Por: Redacción de Mercurio Noticias
Tras una sesión que se extendió durante más de cinco horas, la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó este miércoles sanción definitiva al proyecto de reforma previsional denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.
La iniciativa enviada por el gobierno de Rogelio Frigerio fue aprobada en general por 18 votos positivos y 12 negativos, luego de un extenso debate entre el oficialismo, sectores aliados y los bloques opositores.
El nuevo marco normativo busca afrontar el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, cuyo déficit fue estimado durante la discusión legislativa en aproximadamente 43 mil millones de pesos mensuales.
El proyecto ya había sido aprobado con modificaciones por el Senado y obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Previsión y Seguridad Social de Diputados. Con la votación de este miércoles quedó definitivamente convertido en ley.
La undécima sesión ordinaria del 147º Período Legislativo fue presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien sostuvo que la ley establece un rumbo para ordenar las cuentas de la provincia y contener el crecimiento del déficit previsional.
Antes del comienzo del debate, Hein afirmó que era necesario adoptar una medida ante la situación financiera de la Caja y valoró la decisión política del gobernador Frigerio de impulsar una reforma estructural.
El presidente de Diputados también defendió el procedimiento legislativo y rechazó los cuestionamientos sobre una eventual falta de discusión.
Según manifestó, tanto el Senado como la Cámara baja realizaron un trabajo conjunto en comisiones, escucharon a representantes sindicales, funcionarios y especialistas, e introdujeron modificaciones al proyecto original.
Hein aseguró que la Legislatura fue el ámbito institucional adecuado para confrontar las diferentes posiciones y consideró que la nueva ley permitirá generar soluciones a largo plazo para el sistema previsional entrerriano.
Durante el debate, los legisladores oficialistas argumentaron que la reforma busca garantizar la continuidad de la Caja, preservar el 82 por ciento móvil y asegurar el acceso a la jubilación para las generaciones futuras.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, sostuvo que el desfinanciamiento del organismo no fue provocado por los trabajadores, sino que responde a decisiones acumuladas durante muchos años.
“No buscamos culpables, sino soluciones”, afirmó la legisladora.
Vázquez señaló que la actual gestión decidió asumir el desafío de corregir desequilibrios históricos y remarcó que la reforma no debe analizarse como una confrontación entre trabajadores activos y jubilados.
Por su parte, el diputado Bruno Sarubi, miembro informante por la Comisión de Hacienda, reconoció que la iniciativa genera una preocupación legítima, aunque sostuvo que ningún sector que participó del debate negó la existencia de un grave problema financiero.
El legislador rechazó la posibilidad de resolver el déficit mediante una suba generalizada de impuestos y defendió la aplicación de un ordenamiento gradual.
“La solución no es aumentar impuestos, sino un ordenamiento que garantice el derecho de las personas a jubilarse”, manifestó.
Sarubi también repasó el tratamiento legislativo iniciado en marzo y aseguró que el texto no fue aprobado “a libro cerrado”.
En ese sentido, destacó la participación del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien brindó información técnica y asistió a las reuniones desarrolladas en ambas cámaras legislativas.
“No tenemos nada que esconder”, expresó Sarubi, quien agregó que la responsabilidad de gobernar implica adoptar decisiones difíciles cuando resultan necesarias y no únicamente cuando son convenientes desde el punto de vista electoral.
Los bloques opositores fundamentaron su voto negativo mediante cuestionamientos económicos, jurídicos y constitucionales.
Entre las principales objeciones, señalaron el impacto que tendrá el incremento de las contribuciones patronales sobre los presupuestos de los municipios y las comunas, especialmente en un contexto de caída de la actividad económica.
También plantearon dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos y advirtieron sobre el supuesto carácter confiscatorio de determinados aportes establecidos en la norma.
Los legisladores opositores consideraron que el sistema previsional requiere modificaciones, aunque sostuvieron que la ley exige un sacrificio excesivo a trabajadores, organismos estatales y gobiernos locales frente a resultados que consideran limitados para reducir el déficit.
El diputado Juan José Bahillo afirmó que resulta necesario analizar con profundidad los números de la Caja, pero pidió evitar una confrontación entre el empleo público y el privado.
Bahillo sostuvo que el debate no debe presentar a los trabajadores estatales como responsables de la situación financiera del sistema y reclamó alternativas que distribuyan los esfuerzos de una manera diferente.
La diputada María Laura Stratta, por su parte, reconoció la necesidad de alcanzar la sostenibilidad previsional, aunque aseguró que existen otros caminos posibles.
“Hay que generar sustentabilidad del sistema previsional, pero no es el contexto para plantear una reforma de este tipo”, afirmó.
Desde otro sector de la oposición, el diputado Carlos Damasco rechazó la iniciativa por considerar que el sacrificio exigido será elevado mientras que los resultados económicos serán reducidos.
La ley sancionada está estructurada en tres títulos. El primero declara la emergencia económica y financiera del Sistema Previsional de Entre Ríos por un plazo de dos años, con la posibilidad de prorrogarla por un período similar.
Durante la vigencia de la emergencia se aplicará un aporte personal extraordinario del 3% sobre las remuneraciones brutas de los trabajadores activos que superen los 3.000.000 de pesos.
También se establece un incremento de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales que deben realizar los organismos empleadores.
En los sectores considerados no deficitarios, ese aumento será del 1,5%.
Estas disposiciones fueron uno de los principales puntos cuestionados durante el debate, especialmente por el posible efecto económico sobre municipios, comunas y organismos públicos.
El segundo título incorpora los principios rectores que deberán orientar el funcionamiento del régimen previsional provincial.
Entre ellos se mencionan la solidaridad, obligatoriedad, proporcionalidad, razonabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad.
La norma establece además un mecanismo de financiamiento proporcional del déficit, que será afrontado por la Provincia, los municipios y las comunas según la participación y el desequilibrio correspondiente a cada sector.
Asimismo, fija la afiliación obligatoria al régimen provincial para los cargos superiores de la administración pública.
La ley establece para la jubilación ordinaria común una edad de 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, además de exigir 35 años de servicios con aportes.
Sin embargo, estos requisitos no comenzarán a aplicarse inmediatamente.
El texto dispone que los cambios en la edad jubilatoria entrarán en vigencia una vez transcurridos cinco años desde la promulgación de la ley.
A partir de ese momento, la edad exigida aumentará progresivamente en períodos de seis meses, hasta alcanzar los nuevos límites establecidos para mujeres y varones.
Los años de servicios también se incrementarán de forma gradual, a razón de un año adicional cada dos años, hasta llegar a los 35 años requeridos.
La reforma también regula las jubilaciones ordinarias especiales correspondientes a sectores como:
Para determinadas prestaciones especiales se establece un aporte personal previsional solidario, aplicado mediante una escala decreciente y progresiva.
El aporte comenzará en un 19 por ciento y disminuirá por tramos hasta extinguirse cuando el beneficiario alcance la edad prevista para acceder a la jubilación ordinaria.
El tratamiento de la reforma estuvo acompañado por reclamos de gremios docentes, estatales, judiciales y de otros sectores vinculados al empleo público.
Durante su paso por las comisiones legislativas, los sindicatos cuestionaron especialmente la ampliación de la base utilizada para calcular el haber inicial, el aumento progresivo de la edad jubilatoria y los aportes adicionales.
El oficialismo sostuvo, en cambio, que el texto fue modificado a partir del diálogo con distintos actores institucionales y que respeta los derechos ya adquiridos.
Con la votación de este miércoles, la reforma previsional concluyó su recorrido por la Legislatura y quedó convertida en ley. Su aplicación abrirá ahora una nueva etapa, marcada por la reglamentación de sus disposiciones, la implementación gradual de los cambios y la posibilidad de futuros planteos administrativos o judiciales.
