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Por: Redacción de Mercurio Noticias
La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó con la participación de los 17 integrantes de la Cámara de Senadores, además de diputados provinciales que asistieron como oyentes.
El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, sostuvo que la situación de la Caja de Jubilaciones constituye “el principal problema fiscal de la provincia” y afirmó que la actual gestión decidió afrontar una problemática histórica que, según indicó, fue postergada durante décadas. “Esta gestión no inventó nada, es un problema histórico de Entre Ríos”, señaló durante su exposición.
El funcionario argumentó que el sistema presenta un déficit estructural y advirtió que, de no avanzar con modificaciones, las proyecciones indican que el desequilibrio financiero continuará creciendo en los próximos años. Además, aseguró que los recursos destinados a cubrir ese déficit afectan otras áreas del Estado vinculadas al desarrollo provincial.
Entre los datos aportados por el Ejecutivo, se informó que a enero de 2026 la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos registra 66.222 beneficiarios, entre jubilados, pensionados y personas alcanzadas por regímenes especiales, mientras que los aportantes activos ascienden a 120.592 trabajadores.
El informe señala que el haber promedio bruto de jubilados y pensionados alcanza los $1.557.070, mientras que el salario promedio bruto de los trabajadores activos es de $1.387.920.
Uno de los datos más relevantes expuestos durante la reunión indica que, durante el primer trimestre de 2026, la Caja recaudó por aportes personales y patronales $196.266 millones, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones alcanzaron los $331.867 millones. Esto generó un déficit operativo de $135.601 millones en apenas tres meses, equivalente a más de $45.200 millones mensuales.
Según el informe oficial, cada beneficiario recibió en promedio $681.059 mensuales financiados directamente por el Tesoro provincial, recursos que provienen de la totalidad de los contribuyentes entrerrianos.
El proyecto declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga, y establece una serie de medidas de carácter transitorio y permanente.
Entre las principales modificaciones figura la creación de un aporte extraordinario para trabajadores activos con remuneraciones superiores a los $3 millones mensuales. El esquema prevé una escala progresiva que aumenta un punto porcentual por cada millón de pesos adicional, hasta un máximo del 8% para salarios superiores a $16 millones. También se propone incrementar en un 3% los aportes patronales.
Los 17 senadores participaron de la exposición.En materia jubilatoria, la iniciativa establece que quienes ingresen al sistema previsional provincial luego de la entrada en vigencia de la ley deberán jubilarse a los 68 años. Para el resto de los trabajadores, la edad jubilatoria aumentará gradualmente hasta llegar a los 65 años, proceso que comenzará cinco años después de sancionada la norma. Además, se elevarán progresivamente los años de aportes requeridos hasta alcanzar los 35 años de servicio.
Asimismo, se propone modificar la forma de cálculo del haber jubilatorio, que pasará a representar el 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales sujetas a aportes.
Durante la reunión también expuso el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien puso a disposición de los legisladores el informe técnico actuarial elaborado por el organismo y sostuvo que el objetivo de la reforma es evitar que la situación financiera continúe deteriorándose.
Tras las exposiciones, los senadores realizaron consultas sobre distintos aspectos del proyecto, entre ellos el impacto sobre los actuales jubilados, las auditorías realizadas, los reclamos que la provincia mantiene ante la Nación y la constitucionalidad de algunos artículos. Según se indicó, los haberes de quienes ya se encuentran jubilados no sufrirán modificaciones directas.
La iniciativa continuará su tratamiento en las comisiones legislativas antes de llegar al recinto para su eventual debate y votación.
