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Una denuncia penal presentada por un grupo de policías generó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de servicios adicionales dentro de la Policía de Entre Ríos.

El escrito señala como uno de los principales apuntados al jefe de la División 911 y Videovigilancia, Juan Manuel Zunino, a quien describe como una figura con alto nivel de influencia dentro de la estructura de seguridad, con vínculos en distintos niveles institucionales.

En el marco de la causa, el jueves 30 se llevó adelante la primera medida de prueba, cuando la fiscalía recopiló documentación en formato papel y digital en la sede de la División 911 en Paraná.

Según la denuncia, los hechos investigados no serían aislados, sino que podrían formar parte de un esquema organizado con capacidad de sostener y encubrir las maniobras señaladas. En ese contexto, los denunciantes solicitaron medidas cautelares para resguardar su identidad y evitar posibles represalias dentro de la fuerza.

La presentación judicial fue impulsada por el abogado Rubén Pagliotto, quien afirmó: “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

En el escrito se formula denuncia contra Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, entre otros posibles responsables, por la presunta comisión de delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento.

Pagliotto calificó el caso como “la causa de los ‘Adicionales Truchos’”, y lo definió como “un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos”, al tiempo que sostuvo que se trata de un hecho de “extrema gravedad institucional”.

Asimismo, el letrado remarcó: “Creemos que leyendo con atención la denuncia podrá entenderse el mecanismo de saqueo, los personajes involucrados y la gravedad institucional del caso”, y consideró que las autoridades provinciales deberían intervenir ante la situación.

La investigación se encuentra en etapa inicial y se aguardan nuevas medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Fuente: Uno