La intervención contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, el fiscal Santiago Alfieri y el jefe de Policía Claudio González.

“Esta acción no se trata solo del derrumbe de una construcción ilegal, es permitir que la comunidad pueda desarrollarse y ver que el Estado está presente donde tiene que estar, evitando el avance del narcomenudeo que tanto daño le hace a nuestra sociedad”, expresó Aluani.

Por su parte, Roncaglia sostuvo: “Cada búnker que cae es un espacio que le devolvemos a los vecinos. Nuestra prioridad es atacar de frente el avance de este veneno que es la droga. No vamos a dar ni un paso atrás; donde haya un lugar destinado al tráfico, habrá un Estado decidido a destruirlo”.

En tanto, el fiscal Alfieri explicó que este tipo de medidas se aplicarán en casos de construcciones irregulares destinadas exclusivamente a la venta de estupefacientes, mientras que en inmuebles privados se deberá esperar una condena para avanzar con el decomiso.

La demolición fue resultado de una intervención conjunta, en la que la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) determinó que el inmueble estaba emplazado en un espacio de uso público. La resolución judicial, dictada por el juez Gervasio Labriola, fundamentó la medida en el destino ilícito del lugar y su condición de inhabitabilidad.