En declaraciones radiales, el ex legislador expresó su indignación ante las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que pesan sobre él, impulsadas por la jueza Arroyo Salgado.
Según Kueider, la magistrada solicitó la pena máxima de 14 años de prisión, algo que calificó como "desproporcionado" en comparación con otros casos judiciales. "A Cristina Kirchner le dieron seis años por la causa Vialidad, y aquí piden 14 por algo que es una falsedad total", sostuvo.
También cuestionó la investigación vinculada a la causa "Securitas", liderada por Arroyo Salgado, que indaga una presunta red de corrupción relacionada con pagos de coimas para asegurar contratos con empresas estatales, como Enersa, la distribuidora de energía de Entre Ríos. La jueza habría vinculado al exsenador con estas maniobras, algo que él considera "sospechoso" y "carente de pruebas sólidas".
El exsenador criticó el enfoque de la jueza al "abultar la acusación" para incrementar las penas posibles, sosteniendo que esto podría responder a intereses personales. "No quiero pensar que esto sea parte de alguna pretensión de aspirar a un lugar en la Corte Suprema o algo similar, usando mi caso como chivo expiatorio para lograr posicionamiento mediático", afirmó.
Respecto al juicio en Paraguay por contrabando, Kueider reiteró que el dinero incautado no le pertenece ni a su acompañante, sino que estaría vinculado a operaciones legales realizadas por su pareja en el país vecino. "Todo está declarado desde el primer día y consta en el expediente; son operaciones financieras e inmobiliarias legítimas", explicó.
Por último, rechazó la extradición abreviada impulsada por Arroyo Salgado para llevarlo a declarar en Argentina. Según Kueider, su prioridad es aclarar primero la situación en Paraguay. "No puedo volver sin resolver este asunto. Debo demostrar que ese dinero no era mío ni provenía de Argentina", concluyó.
El exsenador espera que el juicio oral en Paraguay permita esclarecer los hechos y ratificar su inocencia, mientras continúa cuestionando el desarrollo de las causas judiciales en su contra tanto en Argentina como en el país vecino.