El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lideró este miércoles un procedimiento inédito en la provincia: la compactación de 4.300 teléfonos celulares incautados en unidades penales. La actividad tuvo lugar en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná, con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Poder Judicial y la Policía provincial.

Frigerio destacó que esta acción forma parte de la política carcelaria destinada a combatir el uso ilegal de celulares en las prisiones, los cuales son utilizados, según explicó, para cometer delitos como amenazas, extorsiones y comercio de drogas desde el interior de las cárceles. En lo que va de su gestión, se han requisado un promedio de 100 teléfonos por mes, además de eliminar un stock acumulado de 3.000 dispositivos.

El gobernador también anunció que los celulares en buen estado y sin clave serán donados al Ministerio Público Fiscal para ser reutilizados como botones antipánico, en beneficio de víctimas de violencia de género. Este acuerdo ya fue establecido con las autoridades judiciales.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, subrayó que la confiscación de estos dispositivos responde no solo a su prohibición legal, sino también a su uso para actividades ilícitas dentro de las cárceles.

Asimismo, la jueza Cecilia Bértora recordó que los teléfonos están categorizados como elementos prohibidos por la Ley de Ejecución Penal, salvo para internos con salidas socio familiares o laborales, quienes deben cumplir estrictos requisitos para su uso.

El procedimiento se realizó en tres etapas: primero, se retiraron las baterías para depositarlas en un centro verde en Gualeguaychú; luego se compactaron los dispositivos; y finalmente, los residuos plásticos y excedentes serán enviados a un centro especializado en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES).