Por: Redacción de Mercurio Noticias
De acuerdo con el informe proporcionado por la Fiscalía, en 2024 se resolvieron 85 cesantías además de dos exoneraciones. En tanto, en lo que va del 2025, ya se han dictado 89 cesantías y una exoneración. Se destaca que aproximadamente el 80 por ciento de los sumarios finalizados en este periodo han culminado con la aplicación de la sanción de cesantía, tal como lo prevé la ley para casos de faltas graves.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, enfatizó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio con la regularización y ordenamiento en la aplicación de la Ley número 9755, así como de los distintos estatutos que regulan la función pública provincial.
"Desde el inicio de la gestión, el Poder Ejecutivo ha asumido el compromiso de hacer cumplir las leyes que regulan el desempeño de los agentes públicos, respetando los derechos de defensa y garantizando el debido proceso en cada caso", explicó Rodríguez Signes.
El fiscal también destacó que durante años, el ejercicio del poder disciplinario en la administración pública fue irregular. "Los sumarios se realizaban, pero ocurrían dos situaciones: o los gobiernos sucesores invalidaban esos sumarios mediante indultos, o no se concluía el procedimiento, archivándose los expedientes sin dictar los decretos correspondientes de cesantía o exoneración", señaló.
Agregó que esto llevó a situaciones absurdas, donde algunos individuos acumulaban más de 100 ó 200 inasistencias injustificadas. La mayoría de las cesantías actuales son resultado de estas faltas injustificadas.
Es importante aclarar que los sumarios gestionados por la Dirección de Sumarios no incluyen al personal docente ni policial, cuya tramitación corresponde a otras instancias administrativas.
Rodríguez Signes indicó además que actualmente hay aproximadamente 215 sumarios en trámite. "Puede haberse incorporado algún caso más, pero seguimos trabajando sobre un universo de alrededor de 215 expedientes activos", explicó.
Este proceso de depuración y control tiene como objetivo fortalecer la transparencia, asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública y proteger los intereses del Estado provincial, resguardando los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos entrerrianos.
