Entre las nuevas medidas, se establece que ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al país, y aquellos que cometan delitos en Argentina serán deportados, independientemente de la gravedad del delito. Esto incluye ilícitos con penas menores a cinco años, que antes no eran motivo de deportación.

Además, para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud pública, se requerirá que los residentes transitorios, temporarios e irregulares paguen por los servicios de salud. También será obligatorio contar con un seguro médico al ingresar al país. Catalán destacó que en 2024 se gastaron aproximadamente 114 mil millones de pesos en atención a extranjeros en ocho hospitales nacionales.

Las Universidades Nacionales podrán establecer aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios, aunque se mantendrá el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, según lo estipulado por la Constitución nacional.

Por último, se endurecen los requisitos para obtener la Carta de Ciudadanía. A partir de ahora, se otorgará solo a quienes hayan residido continuamente en Argentina durante dos años o hayan realizado una inversión significativa. Para la residencia permanente, será necesario demostrar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que "el país desea seguir recibiendo a quienes contribuyan al desarrollo de una nación más libre y próspera", pero enfatizó la necesidad de aceptar "solo a aquellos que respeten las leyes y de expulsar a quienes las infrinjan".

"La normativa previa fomentaba el caos y el abuso, impidiendo un desarrollo honrado y próspero", dijo.

En tanto, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, informó que en las últimas dos décadas ingresaron irregularmente más de un millón de inmigrantes. Criticó que "las normas vigentes permiten la entrada de condenados y no facilitan la expulsión de delincuentes". Afirmó que "el país seguirá siendo acogedor para los migrantes, pero con leyes claras que prioricen el bienestar de los argentinos".