El letrado hizo referencia al hecho en el que el Juzgado de Garantías número 4 reprogramó la audiencia de remisión de la causa a juicio en el Legajo 7121/S, titulado "Martínez, Sergio Eduardo; Guiffrey, Nahuel Emiliano y Buse, Paola Romina, sobre violación de los deberes de los funcionarios públicos / Hurto". Originalmente, la audiencia estaba prevista para este martes en la Casa del Bicentenario de San Salvador, ubicada en la calle Luis Relnlein 458. Sin embargo, debido a la naturaleza de los hechos, relacionados con corrupción, y a la cantidad de audiencias programadas para ese día, se ha decidido cambiar la ubicación y la fecha. Se hará el 2 de mayo pero en Concordia.

Esptein confirmó a MERCURIO NOTICIAS que "voy a presentar un escrito solicitando que la audiencia se realice en San Salvador y que se acorte el plazo". Argumentó que "es necesario avanzar en este tipo de casos y demostrar la voluntad tanto del Ministerio Público como de la justicia de llevar adelante estas causas y asegurar que no haya impunidad".

El abogado cuestionó el justificativo brindado por el tribunal para cambiar el lugar de la audiencia, afirmando que "no existe una razón clara" para trasladarla a Concordia. Considera que, "debido a la naturaleza de los hechos relacionados con la corrupción y el interés público que genera el caso, la audiencia debería llevarse a cabo en el lugar donde se cometieron los delitos".

Esptein también mencionó que la demora en la programación de la audiencia, solicitada desde septiembre del año pasado, "refleja la situación que a menudo enfrentamos los defensores particulares en casos menos mediáticos". Manifestó que "trasladar la audiencia a Concordia dificultará la cobertura mediática, la presencia del público y la participación de los abogados, ya que es probable que la audiencia se extienda a lo largo de varios días debido a la cantidad de planteos que se realizarán".

En cuanto a la investigación, Esptein explicó que "no se podrá identificar al autor material del hurto de los dólares debido a un período de siete meses en el que se desconoce cuándo exactamente desaparecieron". Sin embargo, "se buscará determinar responsabilidades por la falta de resguardo adecuado de los recursos públicos y se podrían plantear cargos por malversación de caudales públicos".

El abogado adelantó que "durante el juicio se revelarán detalles adicionales sobre el manejo de los dólares desaparecidos, que podrían incluir aspectos llamativos relacionados con el caso", a los que llamó como "datos de color".

El caso del faltante de dólares en el municipio de General Campos ha generado un gran interés público y se espera que la audiencia y el juicio arrojen luz sobre los hechos y las responsabilidades correspondientes.