
La Justicia entrerriana dispuso citar públicamente a todas las personas que se consideren afectadas o tengan un interés directo en el amparo colectivo presentado contra el Gobierno provincial por la implementación del nuevo sistema de desayunos y meriendas en las escuelas públicas. Los interesados tendrán siete días desde la última publicación oficial para presentarse en la causa, hacer valer sus derechos o solicitar quedar excluidos del proceso.
Según se informó a MERCURIO NOTICIAS, la decisión fue adoptada en el expediente número 36.759, caratulado “Varios padres en representación de sus hijos, Asociación Gremial AGMER y Fundación CAUCE contra Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos sobre Acción de Amparo”.
El vocal de Juicio y Apelaciones número 9, Juan Francisco Malvasio, ordenó la publicación de la convocatoria durante dos días en el Sistema de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos, luego de que el proceso quedara definitivamente inscripto en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia.
A partir de la última publicación comenzará a correr un plazo de siete días para que los particulares comprendidos puedan comparecer judicialmente. También tendrán la posibilidad de manifestar expresamente su intención de no integrar el proceso.
Quienes no realicen ninguna presentación dentro del período establecido podrán quedar alcanzados por las decisiones que posteriormente sean adoptadas en el expediente.
La causa busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y son destinatarios del programa alimentario escolar.
El planteo cuestiona particularmente la posibilidad de que los estudiantes reciban productos que puedan resultar perjudiciales para su salud y vincula el reclamo con las disposiciones nacionales relacionadas con nutrición, alimentación y promoción de hábitos saludables.
La acción judicial se originó a partir de la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, basado en productos previamente determinados y distribuidos de manera general entre los estudiantes incorporados al programa.
El proceso colectivo permitirá que las resoluciones que se adopten puedan alcanzar a un conjunto de personas que comparten una situación similar, razón por la cual la Justicia abrió esta instancia para identificar a quienes integrarán la clase representada en el expediente.
La demanda fue iniciada por un grupo de padres en representación de sus hijos, junto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE, contra el Superior Gobierno de la Provincia.
Con la convocatoria ahora ordenada, la causa avanza en la determinación de las familias y estudiantes que podrán quedar comprendidos por las futuras decisiones judiciales relacionadas con el sistema de alimentación escolar.