Frente a los anuncios mediáticos que se han producido en la Provincia por parte del gobernador Bordet acerca de una propuesta de extensión de la jornada escolar educativa, desde AGMER manifestamos la necesidad de que las políticas públicas definan como objetivo resolver la desigualdad educativa reconociendo el trabajo docente desde las escuelas, la necesidad de mayor inversión educativa en consonancia con los derechos laborales docentes.
Desde nuestro sindicato, particularmente desde el inicio de la pandemia por el Covid en marzo de 2020, señalamos que el desafío para toda la sociedad era -y sigue siendo- la construcción de respuestas colectivas que, en lo particular del ámbito educativo, contengan el derecho social a la educación, las condiciones sociales de las familias, los presupuestos educativos y el reconocimiento efectivo del trabajo docente.
También desde entonces, el trabajo docente se reconfiguró y se extendió de múltiples maneras; dando un fuerte reimpulso a formatos virtuales que profundizan el desafío de cómo la escuela dialoga y se vincula con nuevas formas de construcción del conocimiento que exceden los márgenes de las condiciones que la escuela asumió hasta este tiempo. Del mismo modo, se comprobó la importancia y centralidad que la presencia de las y los docentes constituyen en la escuela.

El sistema educativo entrerriano registra una escuela pública que, desde hace tiempo —mucho antes de la pandemia—, viene llevando adelante en el Nivel Primario distintos formatos de extensión de la jornada escolar que contemplan contextos sociales, culturales e, inclusive, alimentarios que le dan un profundo sentido educativo y social. Hablamos de las escuelas de Jornada Completa, Doble Jornada y Extendida.
Por otra parte, muchas escuelas, desde su autonomía institucional, se encuentran concretando experiencias de extensión de la jornada escolar, en algunos escasos fortaleciendo curricularmente la terminalidad en el nivel Primario.
Sin embargo, revertir la profunda desigualdad que evidenció la pandemia no podrá llevarse adelante sin un Estado decidido en una inversión educativa que reconozca el trabajo docente en su dimensión salarial, laboral, en la impostergable creación de cargos docentes, en personal de limpieza y mantenimiento de las escuelas, en infraestructura edilicia, tecnológica y de conectividad, y de esa manera, garantizar una verdadera educación de calidad, inclusiva y popular.
Finalmente, toda modificación en las condiciones laborales, institucionales y organizacionales reconoce el ámbito de la Paritaria para la construcción de consensos, imprescindibles para llevar adelante toda modificación y avance de derechos para el conjunto.