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Por: Redacción de Mercurio Noticias
La pobreza alcanzó al 30% de la población argentina durante el primer trimestre de 2026 y frenó la tendencia descendente observada desde finales de 2024, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. En ese contexto, Concordia presentó la situación más crítica entre los aglomerados analizados, con un 52,5% de pobreza y un 11,2% de indigencia.
El relevamiento fue elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. A nivel nacional, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto del último trimestre de 2025, mientras que la indigencia subió 0,4 puntos y se ubicó en el 6,5%.
Aunque las variaciones trimestrales fueron moderadas, el estudio advirtió que la cantidad de personas pobres aumentó en aproximadamente 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026. Ambos períodos fueron utilizados para la comparación debido a que no están condicionados por el cobro del medio aguinaldo.
Con una tasa del 52,5%, Concordia volvió a posicionarse como el aglomerado urbano con mayor proporción de habitantes bajo la línea de pobreza entre los incluidos en el informe.
Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con el 49,7%; Posadas, con el 42,6%; Gran Santa Fe, con el 39,7%; y Corrientes, con el 38,4%.
Los datos indican que durante los primeros tres meses del año más de la mitad de la población concordiense no contó con ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Total, que contempla alimentos y otros bienes y servicios considerados esenciales.
El panorama también fue complejo en relación con la indigencia. Concordia registró una incidencia del 11,2%, lo que la ubicó en el segundo lugar entre los aglomerados con mayor proporción de personas cuyos ingresos no alcanzaron para adquirir la Canasta Básica Alimentaria.
El índice más elevado correspondió a Gran Resistencia, con el 24,3%. Posteriormente se ubicaron Concordia, Posadas con el 10,7%, Gran Santa Fe con el 10,4% y Corrientes con el 9,1%.
En la comparación interanual, los indicadores nacionales permanecieron por debajo de los registrados un año antes. Durante el primer trimestre de 2025, la pobreza había alcanzado al 31,4% de la población y la indigencia al 6,9%.
Sin embargo, el informe consideró que la suba observada en los primeros meses de 2026 representa una interrupción del proceso de mejora que se había registrado durante buena parte del año anterior.
Entre los factores que explican el deterioro aparece la diferencia entre el aumento de los ingresos y la evolución del costo de vida. Durante el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6% y la Canasta Básica Total avanzó un 9,6%.
En el mismo período, el índice salarial general creció un 8,6%, mientras que los salarios registrados aumentaron apenas un 7%. Esta situación provocó que numerosos hogares dejaran de contar con ingresos suficientes para mantenerse por encima de las líneas de pobreza e indigencia.
El mercado laboral también mostró señales de debilitamiento. Aunque las tasas generales de empleo y desocupación no registraron modificaciones importantes, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad laboral creció 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.
El informe indicó además que la recuperación de los ingresos no se distribuyó de manera uniforme. Aunque los ingresos nominales crecieron en promedio por encima de las canastas en la comparación interanual, el coeficiente que mide la desigualdad pasó de 0,435 a 0,442.
Esto significa que las mejoras no alcanzaron con la misma intensidad a todos los hogares y que los sectores de menores recursos continuaron afrontando mayores dificultades.
A su vez, el crecimiento económico perdió impulso. El Producto Bruto Interno pasó de una expansión interanual del 5,8% durante el primer trimestre de 2025 a un incremento del 2,3% en igual período de 2026.
Algunas actividades con fuerte incidencia en el empleo mostraron resultados negativos. La industria manufacturera retrocedió un 1,7%, mientras que la administración pública registró una caída del 1,4%.
El Observatorio también señaló que jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con un retraso de dos meses, lo que reduce su capacidad de protección cuando se acelera el precio de los alimentos.
Además, los gastos fijos de los hogares, como energía, transporte y alquileres, aumentaron por encima de la inflación general y de las actualizaciones salariales, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.
El estudio concluyó que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico genere empleos formales, productivos y con mejores remuneraciones. Para Concordia, las cifras vuelven a exponer una problemática estructural, con más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza y una de las tasas de indigencia más elevadas del país.
