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En estos días, se conocieron las ofertas económicas, destacándose nombres recurrentes en este ámbito.

En el caso del Tramo Oriental, que abarca las rutas 12 y 14, el Gobierno estableció una tarifa de referencia de 3700 y un tope de 4300 pesos. La propuesta ganadora fue presentada por Autovía Construcciones y Servicios S.A., con un monto de $3563,45, por debajo del valor indicativo oficial. Entre las demás ofertas destacaron Rovella Carranza, Paolini y Benito Roggio e Hijos, todas empresas con amplia trayectoria en el sector.

En el Tramo Conexión, correspondiente al puente Rosario-Victoria, la adjudicación también evidenció un esquema familiar. Obring S.A. presentó la oferta ganadora con una tarifa de $3385,80 frente a un tope oficial de $4050 y una referencia de $3300. Le siguieron Cosyser y nuevamente Autovía Construcciones.

El proceso ahora continuará con posibles impugnaciones y dictámenes técnicos antes de la adjudicación definitiva. Cabe destacar que los nuevos cuadros tarifarios del peaje comenzarán a aplicarse una vez concluidas las obras previstas, que se limitan a garantizar condiciones de transitabilidad sin incluir grandes proyectos de infraestructura complementaria.

Autovía Construcciones y Servicios, perteneciente al grupo José Cartellone, se posiciona como protagonista en esta licitación, mientras enfrenta paralelamente procesos judiciales en la causa Cuadernos, donde su titular, José Gerardo Cartellone, junto a otros directivos, está acusado por presunto cohecho activo vinculado a obras públicas adjudicadas durante gobiernos anteriores.

Por su parte, Obring S.A., con experiencia en proyectos como la avenida circunvalación de Santa Fe y el acceso al aeropuerto de Rosario, también ha sido mencionada en la causa Cuadernos, aunque su directivo Franco Gagliardo negó irregularidades en sus operaciones durante el período investigado.

Un aspecto relevante de esta licitación fue la decisión del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de ofrecer financiamiento a través de un esquema fiduciario para los oferentes interesados, modificando las condiciones iniciales que preveían que los empresarios asumieran el capital necesario para las obras. Este cambio, anunciado a 48 horas del cierre del llamado, permitió a las constructoras contar con respaldo estatal para avanzar en sus propuestas.

El proceso reafirma una constante en la obra pública argentina: la participación de actores consolidados y la adaptación a esquemas financieros que faciliten la ejecución de proyectos clave para el desarrollo vial del país.

Con información de La Nación