La directora de IADIF en San Salvador, Eve Joannás, explicó que la acción no debe ser confundida con un paro. "Es un cese y no un paro justamente porque los profesionales, los directivos, estamos en la institución haciendo tareas administrativas, sosteniendo como podemos. Pero es un llamado a nivel social y familiar para reflexionar sobre dónde están los chicos ahora, quién los está cuidando, qué están haciendo", afirmó en diálogo con MERCURIO NOTICIAS.

La problemática radica en la falta de cumplimiento por parte del Estado en garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. Aunque recientemente se anunció una partida presupuestaria destinada a regularizar las deudas con instituciones y prestadores, esta aún no ha sido ejecutada. "La partida presupuestaria tenía que salir el primero de octubre y todavía estamos esperando. Son suma de voluntades que no se hacen y funcionarios que no están a la altura que deberían", señaló Joannás.

La directora también destacó que la situación trasciende lo económico y se convierte en un tema de ética y dignidad. "Esto no es un problema económico, esto es un problema de ética y de dignidad para las personas con discapacidad", subrayó.

Por otro lado, las instituciones enfrentan dificultades para proyectar su funcionamiento futuro debido a la falta de estabilidad financiera y laboral. "¿En base a qué vamos a poder proyectar si no tenemos estabilidad ni laboral, ni de asistencia, ni de profesionales, ni de transporte? Nada está dicho hoy", expresó.

El impacto también recae sobre las familias, muchas de las cuales deben endeudarse para garantizar los tratamientos de sus hijos. "Hay familias que se endeudan para no perder los turnos, familias que han tenido que abandonar el turno porque no lo pueden pagar, y obras sociales que se han lavado las manos completamente", denunció la directora.

El comunicado emitido por la Red de Prestadores busca exigir respuestas concretas por parte del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad, así como garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y los derechos de las personas con discapacidad. Mientras tanto, las instituciones y familias continúan enfrentando una realidad incierta y preocupante.