En los últimos meses, el sistema de discapacidad en Argentina atraviesa una situación crítica que afecta tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y a los profesionales del sector. Auditorías que suspenden pensiones, instituciones que cierran y servicios que no reciben sus pagos son algunos de los problemas que evidencian una crisis estructural y ética.

"Cuando el cuidado se vuelve insostenible, cuando las familias deben endeudarse para sostener tratamientos y cuando los profesionales del sector no pueden vivir de su trabajo, no estamos ante un problema administrativo, sino ante una crisis social y ética", advierten desde la Red de Prestadores de Discapacidad en un comunicado remitido a MERCURIO NOTICIAS.

La falta de pagos por parte del Estado nacional, sumada a la demora en la actualización de los aranceles y nomencladores, ha generado un impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. "Cada institución que no percibe los pagos correspondientes representa personas que pierden acceso a terapias, transporte o acompañamiento", señalan los prestadores, destacando que esta situación también afecta la estabilidad laboral de quienes trabajan en el sistema.

A pesar de que mediante la Decisión Administrativa 24/2025 se asignaron partidas presupuestarias específicas a la Agencia Nacional de Discapacidad para responder al reclamo de actualización del nomenclador desde el 1 de octubre, los fondos aún no han sido implementados. "Los fondos necesarios ya se encuentran disponibles, pero su implementación depende de una decisión política y no de una limitación presupuestaria", remarcan los actores del sector.

En este contexto, las demandas son claras: "Es urgente adoptar medidas que aseguren la actualización efectiva de los aranceles y nomencladores, la regularización de los pagos adeudados, la dignificación del trabajo de los profesionales y cuidadores, la transparencia en la utilización de los fondos públicos y la continuidad de los servicios esenciales".

La situación ha motivado acciones concretas en todo el país. Este miércoles 22 de octubre, la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos se unirá al cese involuntario de actividades convocado a nivel nacional. "Cuidar no debe ser sinónimo de sacrificio ni de endeudamiento. Cuidar es una responsabilidad compartida que requiere compromiso institucional y presencia del Estado", concluyen.