En diálogo con MERCURIO NOTICIAS, afirmó que el veto no responde a cuestiones técnicas, sino que refleja un trasfondo político que afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

"Esto tiene que ver con un trasfondo meramente político, una política pública que se está desarrollando y que lamentablemente afecta a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, que son las personas con discapacidad", sostuvo la especialista, quien destacó que la Ley 24901, actualmente en riesgo, regula los servicios y derechos fundamentales para este grupo poblacional.

Joannás enfatizó que la problemática trasciende lo económico y se centra en aspectos humanos y sensibles: "No se puede estar centralizando la discusión en algo económico cuando en realidad lo que está pasando es algo humano y sensible". En este sentido, hizo un llamado a la sociedad para que tome conciencia sobre las dificultades que enfrentan tanto las personas con discapacidad como los profesionales e instituciones que trabajan en su acompañamiento.

Entre los principales inconvenientes mencionados por la especialista se encuentran los retrasos en los pagos a los profesionales, la burocracia en el acceso a medicamentos y servicios, y las dificultades económicas para sostener espacios terapéuticos. "Los medicamentos se toman cuando están indicados, no cuando la obra social se digna a mandarlos," señaló, destacando cómo estas demoras impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, Joannás alertó sobre el riesgo de retroceder hacia paradigmas antiguos en el abordaje de la discapacidad. "Si el nene no está acá conmigo o no está en la institución donde trabajo, ¿a dónde está? Está encerrado en la casa como antes," afirmó, subrayando la importancia de garantizar espacios educativos y terapéuticos para promover la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

La especialista también detalló cómo la falta de recursos afecta el trabajo diario de los profesionales y las instituciones: "Llegamos a un tope de no poder soportar económicamente lo que se ofrece: el alquiler de un consultorio, los pagos de cursos, de materiales. Ni hablar de que se cobra a muchos meses de diferencia con un costo totalmente por debajo de lo que sale una sesión hoy por hoy".

Finalmente, Joannás hizo un llamado a la comunidad para que se informe y se involucre en esta problemática: "Estaría bueno que la comunidad toda se informe, investigue, sepa lo que está pasando, porque esto no es tan simple como decir 'Le piden todo al Estado'"." En ese marco, reiteró que lo solicitado está respaldado por la ley nacional y no representa demandas fuera del marco legal vigente.

La especialista concluyó su intervención destacando la importancia de difundir este tema y trabajar colectivamente para garantizar los derechos alcanzados por las personas con discapacidad: "Estamos pidiendo, por favor, que difundan, que acompañen. Estos espacios son muy valorables para nosotros".

Ante esta situación, queda en evidencia la necesidad urgente de abordar el tema desde una perspectiva integral y humana, priorizando el bienestar de quienes dependen de estos servicios esenciales.