La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la provincia de Entre Ríos, presidida por Gabriela Lena, emitió dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto de reforma de la Ley de Juicio por Jurados. La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo agilizar la realización de los juicios por jurados en la provincia.

Según explicó la diputada Lena, "el proyecto fue debatido en cinco reuniones de comisión el año pasado", destacando que "ya en ese momento existía un retraso significativo en la implementación de este sistema judicial". Actualmente, afirmó que "dicho retraso se ha incrementado debido a diversas razones", lo que motivó la necesidad de avanzar con esta reforma.

El texto propone modificaciones en los delitos que deben ser juzgados mediante juicios por jurados, estableciendo que serán aquellos cuya pena máxima en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión. Asimismo, se plantea un cambio en la forma de remunerar a los jurados, pasando de juristas a JUS. Estas modificaciones buscan generar mayor celeridad en los procesos judiciales, beneficiando tanto a las víctimas como a los imputados.

Sin embargo, la reforma ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones y expertos en derecho penal. Instituciones como el Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y la Asociación de Pensamiento Penal han expresado su oposición al proyecto.

En un comunicado enviado a MERCURIO NOTICIAS, argumentan que "la reforma resulta inconstitucional al limitar los casos que pueden ser juzgados por jurados", contraviniendo lo establecido en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional.

Estas organizaciones sostienen que "la modificación representa un retroceso para el sistema judicial provincial, al restringir la participación ciudadana en decisiones fundamentales como la privación de libertad". Además, advierten que "esta reforma podría generar un aumento significativo en la litigiosidad, al abrir la puerta a planteos de inconstitucionalidad que afectarían el normal desarrollo de los juicios penales".

Por estas razones, las entidades firmantes exhortaron a los legisladores provinciales a rechazar enfáticamente el proyecto, instando a una discusión más profunda y consensuada sobre el tema.