El titular de la cartera sanitaria provincial recibió a representantes del Colegio de Obstetras de Entre Ríos (Coder), a la presidenta, Alejandra Castillón y las integrantes de la comisión, Mirna Martínez, Lía Ramírez y Virginia León, con quienes se avanzó en varios temas cruciales. Uno de los ejes de la reunión se centró en el proyecto de ley que actualiza la regulación profesional y que se encuentra en debate en la Legislatura provincial.
La nueva normativa estipula la protección jurídica a estos profesionales de la salud y la actualización que dispone incorporar medicamentos al vademécum obstétrico, lo cual significa reconocer competencias que contribuye a mejorar la atención perinatal.
El encuentro permitió abordar aspectos relacionados con la regulación de la matrícula profesional, los derechos y obligaciones de los colegiados, así como también se analizaron las medidas que permiten mejorar el cumplimiento de las normativas y de la supervisión. En este sentido, el ministro destacó el trabajo integrado en el marco del avance del Programa Entrerriano de Salud (PES), en el cual, se establece la necesidad de cambiar las formas de trabajo, para ir hacia una descentralización de los recursos y servicios; y particularmente la disposición de medios de traslados adecuados durante las urgencias y emergencias y la readecuación hospitalaria de acuerdo a roles; recursos humanos y materiales y nivel de atención por complejidad, entre otros aspectos, que incluyen el fortalecimiento del recurso de la historia clínica digital única y, fundamentalmente, el trabajo en equipo.
Asimismo, el ministro se refirió a la importancia de reubicar, nivelar y adecuar el funcionamiento hospitalario para que los 17 departamentos de la provincia, cuenten con las Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE). "Con este programa buscamos dignificar la tarea que realizan los profesionales en todo el territorio provincial y en cada uno de los establecimientos", concluyó.
Otro tema relevante fue la problemática del intrusismo profesional, es decir, de las prácticas no reguladas, como el acompañamiento a gestantes y partos domiciliarios, que actualmente carecen de la normativa adecuada. En este sentido, se evaluaron las estrategias para informar a la población sobre la importancia de recibir atención por profesionales calificados en condiciones óptimas para asegurar la salud materno-infantil.