13/11/2026  -  Provinciales
COMUNICADO OFICIAL
Duro rechazo de los abogados a una posible restricción horaria para presentar escritos ante la Justicia entrerriana
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia (STJER) limite los horarios para presentar escritos electrónicos, una herramienta que actualmente funciona las 24 horas. La entidad advirtió que la medida representaría un retroceso en la modernización judicial y afectaría tanto el ejercicio profesional de los abogados como el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Además, cuestionó que se analice una modificación de estas características sin consultar previamente a la institución y anticipó que recurrirá a herramientas legales si la restricción llega a implementarse.

A través de un comunicado titulado “El Poder Judicial elige el atraso: menos trabajo, menos justicia”, el CAER sostuvo que resulta injustificado establecer límites horarios a un sistema digital que permite realizar presentaciones durante cualquier día de la semana.

La entidad consideró que restringir el funcionamiento de la Mesa Virtual perjudicaría a quienes necesitan iniciar o continuar trámites judiciales, sin que ello implique necesariamente una reducción en la carga laboral de los tribunales. También cuestionó que el Superior Tribunal avance en el análisis de la propuesta sin haber convocado al Colegio para conocer su posición.

“Una decisión que incidiría directamente en el trabajo diario de la abogacía y en el acceso a la jurisdicción de toda la ciudadanía exige escuchar al Colegio antes de resolver”
, señaló la institución en un comunicado emitido a MERCURIO NOTICIAS.

Para fundamentar su rechazo, el CAER citó informes elaborados por dependencias del propio Poder Judicial entrerriano. Según los datos mencionados en el expediente 4174/2024, la Oficina de Informática del Superior Tribunal determinó que solamente el 10 por ciento de las presentaciones electrónicas se realiza durante horarios nocturnos, incluyendo actuaciones urgentes habilitadas.

De acuerdo con la entidad, ese análisis concluyó que limitar los horarios de recepción no disminuiría la cantidad de escritos ni modificaría su acumulación en los despachos.

Asimismo, mencionó un informe de la Dirección de Gestión Humana que establece que la mayor parte de las presentaciones se concentra en días y horarios hábiles, por lo que los ingresos fuera de esa franja no aparecerían como una causa determinante de la sobrecarga de trabajo.

Otro de los argumentos centrales está relacionado con la diferencia entre recibir un escrito electrónico y la obligación de darle trámite judicial. El Colegio recordó que el personal de los tribunales cumple una jornada habitual de 7:00 a 13:00, mientras que el artículo 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas permite ingresar documentación en cualquier momento.

La normativa establece que los escritos presentados durante horarios inhábiles comienzan a computarse para su tratamiento el siguiente día y hora hábil, con excepciones para amparos y otras actuaciones urgentes. En consecuencia, desde el CAER sostienen que mantener habilitada la plataforma durante las 24 horas no implica extender la jornada laboral de los empleados judiciales y resulta compatible con su derecho a la desconexión.

Finalmente, la entidad consideró que una eventual restricción iría en sentido contrario a los avances tecnológicos incorporados por otros poderes judiciales del país y trasladaría las consecuencias de la medida a los profesionales y ciudadanos que recurren al sistema.

“Menos trabajo es, indefectiblemente, menos justicia”
, expresó el Colegio, que reclamó al Superior Tribunal desistir de la iniciativa y convocar a sus representantes antes de adoptar cualquier modificación. Además, advirtió que utilizará todas las herramientas institucionales y legales disponibles para intentar revertir la decisión si llega a concretarse.

Por el momento, no se informó oficialmente una resolución que establezca nuevos horarios ni una fecha de implementación, por lo que la controversia se centra en una posible modificación del régimen vigente.

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