Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Participaron la Policía de Santa Cruz, Gendarmería y Prefectura. La Fiscalía comunicó los resultados generales este martes, sin precisar los horarios de cada procedimiento.

Una de las investigaciones apunta a una presunta organización que habría transportado cocaína en camiones, al menos desde diciembre de 2025. Según la hipótesis fiscal, dos hombres se encargaban de la distribución y uno de ellos administraba un lavadero donde se habrían realizado entregas. 

La segunda pesquisa investiga si Báez encabezaba una estructura dedicada a administrar y poner en circulación bienes de origen ilícito que habrían quedado fuera de la ejecución de sus condenas. Los fiscales señalaron que un presunto integrante de esa estructura sería también el líder de la banda investigada por narcotráfico. 

Entre los lugares registrados estuvo la vivienda de El Calafate donde Báez cumplió prisión domiciliaria. También se allanó su celda en Ezeiza, según fuentes judiciales citadas por La Nación.

La Justicia dispuso embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal. El balance difundido no individualizó qué elementos se encontraron en cada inmueble.