Días pasados, este medio, en total soledad, reveló el kiosquito judicial que funciona en la planta alta de la Municipalidad de San Salvador. En ese marco, se detectó que se ha producido el inicio de múltiples causas relacionadas con apremios, muchos de ellos contra comerciantes, quienes varios de ellos han afirmado que no habían sido notificados previamente y que directamente habrían sido enviados a la Justicia.

Cabe destacar que por cada apremio presentado ante la Justicia, la Asesoría Legal del Municipio se quedaría con una jugosa suma por honorarios profesionales, lo que podría llegar a constituir un pequeño quiosco judicial dentro del propio municipio si es que no se dan los pasos que deben cumplimentarse. Cabe destacar además que varios de los montos reclamados por el Municipio serían menores a lo que ganaría el abogado por cada apremio.

Este reclamo habría llegado al Centro Económico de San Salvador que estaría en conocimiento de tal situación. Al parecer, desde las autoridades habrían instado una medida en conjunto pero la misma no prosperó. ¿Temor de los comerciantes?

Amenaza directa

Esta última pregunta tiene asidero en el documento al que MERCURIO NOTICIAS accedió en exclusiva. A una comerciante local le llegó una cédula donde le informaron que le subastarán su único medio de movilidad: un automóvil.

El Juzgado de Paz de San Salvador, a cargo de la jueza Celina T. Salina Rey, ordenó la venta en pública subasta de un automóvil en el marco de una causa judicial iniciada por la Municipalidad de San Salvador contra dos particulares, bajo la carátula de un juicio de apremio, según consta en una cédula de notificación emitida el 22 de septiembre de 2026.

La medida fue dispuesta mediante una resolución fechada el 12 de agosto de 2026, correspondiente al expediente Nº 2537, en la cual se estableció avanzar con el procedimiento de subasta del vehículo mencionado en las actuaciones.

Como paso previo, la magistrada ordenó requerir un informe actualizado al Registro de la Propiedad Automotor, con el objetivo de conocer las condiciones de dominio, los gravámenes y otras medidas que pudieran afectar al bien. Una vez cumplido ese trámite, se resolverán las restantes diligencias necesarias para concretar la subasta.

Posteriormente, mediante una nueva resolución del 18 de septiembre, el Juzgado fijó una audiencia para el 30 de septiembre de 2026, a las 10:30, en su sede de calle 3 de Febrero 181, con el propósito de que las partes pudieran proponer un martillero, conforme a lo establecido por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial.

En esa misma resolución, la Justicia dejó constancia de la propuesta de martillero formulada por la parte actora, es decir, la Municipalidad, y ordenó notificar formalmente a la parte demandada.

El juicio de apremio es un procedimiento judicial utilizado para reclamar el cobro de obligaciones exigibles por la vía ejecutiva, entre ellas determinadas deudas reclamadas por organismos públicos. En este tipo de procesos, cuando se cumplen los requisitos legales correspondientes, pueden disponerse medidas sobre bienes para procurar el cobro de las sumas reclamadas.

La documentación conocida no precisa el monto de la deuda que dio origen al expediente, las características del automóvil ni la fecha en que se concretaría la subasta. Tampoco acredita que la venta se haya realizado, sino que da cuenta de la orden judicial y de las actuaciones previstas para avanzar con el procedimiento.

La doble vara moral

Si bien el documento no lo menciona, MN supo que la comerciante adeudaría alrededor de un millón de pesos al Municipio y que era consiente de esa deuda.

Este medio supo que la comerciante habría llegado a un acuerdo con el asesor legal de la Municipalidad de San Salvador con un plan de pagos de 18 cuotas, pero además, el profesional de la abogacía le habría exigido el pago de más de 500 mil pesos por su honorarios profesionales.

Es aquí donde se consumaría el funcionamiento de la maquinaria del kiosquito judicial, donde el funcionario utilizaría información municipal para intimar a los comerciantes, información de otros organismos para detectar qué bienes le podría quitar a los comerciantes para saldar la deuda en una especie de trueque obligado, y de paso, cobrar para su bolsillo los honorarios profesionales por el caso que él mismo inició. Así es fácil ser un nobel abogado en San Salvador. Cinco minutos de carrera y un rápido ascenso económico.

Mientras tanto, los comerciantes que se encuentran atosigados por la situación económica que vive el país en general, con negocios que cierran semanalmente en San Salvador, en lugar de recibir una rueda de auxilio del municipio para poder salir adelante, se encuentran con un ancla que los hunde aún más. Y no solo eso, le buscan lo único que tienen para sacárselo.

Esta comerciante, que además fue candidata a concejal en la lista del propio intendente Jorge Zambón (sí, así de traidores son además), inició el plan de cuotas y al parecer "quedó sin efecto" la subasta. Al menos eso le dijo el abogado del Municipio. Al parecer, se arregla bajo cuerda con la jueza de Paz para que se finalice la acción. Porque el papelito del Juzgado sirve para asustar, para amedrentar y amenazar. En lugar de consensuar y dialogar. El problema del diálogo es que sin causa no hay honorarios. Ahí está el tema.

Todo esto, evidentemente está convalidado por la gestión municipal que encabeza Zambón. Una gestión que se supone defensora de la propiedad privada. Aman lo privado. Y también parece que aman lo ajeno, porque procuran quedarse con lo que no les pertenece para convertirlo en un bien público, subastable.

La doble vara moral que algún día los castigará severamente.