La causa tramita bajo el expediente 12957/2026, “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y otro s/ Amparo Ley 16.986”. El planteo está relacionado con los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), financiado mediante el impuesto a los combustibles líquidos y destinado, entre otros objetivos, a infraestructura vial.

El magistrado otorgó a las dependencias demandadas un plazo de tres días para presentar un informe sobre el interés público comprometido por la cautelar.

Los legisladores demandantes sostienen que parte de los fondos que deberían aplicarse a infraestructura vial habrían sido destinados a instrumentos financieros en lugar de obras y mantenimiento de rutas. Entre los datos incorporados al planteo señalaron una suma superior a 1,5 billones de pesos, aunque esa cifra y el destino atribuido a esos recursos forman parte de los argumentos de la parte actora y todavía no constituyen una determinación judicial.

El reclamo comprende la red vial nacional que atraviesa Entre Ríos, entre ellas las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y A015. Para la región de San Salvador tiene especial relevancia la Ruta Nacional 18, que atraviesa la provincia de oeste a este y conecta Paraná con la Ruta Nacional 14.

La causa continuará ahora con la presentación de los informes requeridos al Estado nacional, tras lo cual el juzgado deberá expedirse sobre la medida cautelar solicitada.