El bloque justicialista del Concejo Deliberante de San Salvador presentó dos pedidos de informes dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal mediante los cuales solicita documentación y precisiones sobre diferentes cuestiones administrativas, judiciales y patrimoniales.

Uno de los requerimientos concentra tres temas: el pago de honorarios dispuesto mediante la Resolución Nº 143/2026 en una causa judicial; los desembolsos efectuados por el municipio a vecinos por daños ocasionados a automotores; y las eventuales observaciones o comunicaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre los ejercicios económicos municipales correspondientes al período 2023-2025.

El segundo pedido está centrado exclusivamente en conocer qué ocurrió con una motoniveladora CASE 675, año 2022, propiedad municipal y entregada mediante un contrato de comodato a la Dirección Provincial de Vialidad en febrero de 2024.

Piden información por honorarios de una causa judicial

El primer punto busca conocer detalles relacionados con el pago de honorarios dispuesto mediante la Resolución Nº 143/2026, vinculado al expediente judicial caratulado “More Victoria c. Pastorini Aldo y otros – Violencia y/o Discriminación en el Ámbito Laboral”, tramitado ante el Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo de San Salvador.

Los concejales solicitan determinar si la Municipalidad fue parte de ese expediente y, en caso afirmativo, en qué carácter intervino.

Además, reclaman copias de las presentaciones efectuadas por el municipio, incluidos eventuales recursos judiciales.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el origen del pago de honorarios: el bloque pide precisar si existió una imposición de costas judiciales contra la Municipalidad de San Salvador y/o funcionarios del Departamento Ejecutivo.

Para respaldar la respuesta, solicitan copias certificadas o con firma electrónica de las resoluciones judiciales correspondientes a la imposición de costas y a la regulación de honorarios profesionales.

El pedido de informes, por sí mismo, no establece que haya existido una condena en costas contra el municipio o sus funcionarios: precisamente solicita al Ejecutivo la documentación necesaria para determinar ese punto.

Daños a vehículos durante trabajos municipales

Otro de los ejes está relacionado con los pagos efectuados por el municipio ante roturas de cristales, neumáticos y otros daños en vehículos particulares.

El bloque solicita copias de las resoluciones municipales números 02, 05, 10, 15, 22, 25, 27, 40, 44, 94, 95, 104, 127, 130, 138 y 139, además de cualquier otra resolución reciente relacionada con el tema que todavía no haya sido publicada en el sitio web municipal.

También reclama los respectivos legajos y los dictámenes emitidos por Asesoría Legal.

Según explican los autores del pedido, la solicitud está motivada por el “costo financiero” que estaría generando el pago de daños ocasionados a vehículos de vecinos durante trabajos realizados en la vía pública por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Con la documentación requerida, los concejales buscan acceder al detalle de los casos, conocer las circunstancias de cada desembolso y establecer cuánto representan para las cuentas municipales.

Qué informó el Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 2023, 2024 y 2025

El tercer capítulo del primer pedido apunta directamente al control externo de las cuentas municipales.

El justicialismo solicita al Ejecutivo que remita toda información, comunicación u oficio recibido del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos relacionado con la aprobación o posibles observaciones formuladas sobre los ejercicios económicos correspondientes a los presupuestos ejecutados entre 2023 y 2025 inclusive.

El requerimiento busca, por lo tanto, conocer tanto las aprobaciones como cualquier observación que pudiera haber efectuado el organismo provincial encargado del control de las administraciones municipales.

Qué ocurrió con una motoniveladora municipal entregada a Vialidad

El segundo pedido de informes es considerablemente más extenso y apunta a reconstruir la situación de una maquinaria perteneciente al patrimonio municipal.

Se trata de la motoniveladora dominio EQX 86, marca CASE 675, año 2022, entregada a la Dirección Provincial de Vialidad mediante un Contrato de Comodato celebrado el 7 de febrero de 2024, correspondiente al Legajo Nº 2077.

El primer interrogante planteado por los concejales es elemental: si aquel contrato continúa actualmente vigente.

Según el pedido, el acuerdo tenía originalmente un plazo de tres meses. Por ese motivo, se solicita determinar si posteriormente existieron prórrogas.

En caso afirmativo, el Ejecutivo deberá informar cuántas fueron, cuándo se firmaron, durante qué períodos estuvieron vigentes y cuándo venció cada una.

También se reclaman copias de convenios, actas, resoluciones, decretos u otros instrumentos utilizados para formalizar esas extensiones.

Dónde está actualmente la maquinaria

El bloque pretende conocer además quién posee actualmente la motoniveladora y dónde se encuentra físicamente.

Para ello pide identificar organismo, dependencia, localidad o establecimiento en el que permanezca la unidad.

Pero el requerimiento va más allá de su ubicación.

Los concejales quieren conocer el estado mecánico, operativo y de conservación de la maquinaria y determinar expresamente si está funcionando, fuera de servicio, inmovilizada, en reparación o esperando ser reparada.

En caso de existir desperfectos, solicitan precisar cuándo se produjo o detectó la falla, qué tipo de rotura sufrió, en qué circunstancias ocurrió y qué tareas estaba desarrollando la motoniveladora en ese momento.

También buscan identificar qué organismo tenía bajo su responsabilidad la utilización y custodia de la unidad cuando se produjo o detectó el eventual inconveniente.

Reparaciones, costos y responsabilidades

Otro conjunto de preguntas busca determinar si la maquinaria fue sometida a una inspección, diagnóstico técnico, peritaje o presupuesto de reparación.

De existir esas actuaciones, el Ejecutivo deberá informar qué organismo, profesional, taller o concesionario intervino y proporcionar copias de informes técnicos, presupuestos y órdenes de reparación.

También se pregunta específicamente cuánto costaría reparar la motoniveladora y quién debería hacerse cargo de ese gasto.

El bloque solicita que, en caso de existir una responsabilidad contractual definida, se indique además cuál es el fundamento administrativo o contractual para determinar quién debe afrontar la erogación.

Seguro y mantenimiento desde 2024

El pedido incluye además información sobre la eventual cobertura de seguro que tuvo la unidad durante el comodato y sus posibles prórrogas.

Se solicita identificar la compañía aseguradora, número de póliza y período cubierto.

Si existió algún siniestro relacionado con el estado actual de la maquinaria, el Ejecutivo deberá informar la fecha de la denuncia, número de siniestro y situación del trámite.

A su vez, el justicialismo pretende obtener un detalle completo de los servicios de mantenimiento, conservación y reparación efectuados desde que la motoniveladora fue entregada a Vialidad hasta la actualidad, especificando fecha, trabajos realizados, costos y quién afrontó cada gasto.

Control del estado de la máquina

Los concejales buscan establecer qué seguimiento realizó la Municipalidad sobre un bien perteneciente a su patrimonio mientras permaneció cedido.

Por ese motivo preguntan si se efectuaron inspecciones o controles sobre el estado de conservación y funcionamiento durante la vigencia del comodato.

En caso afirmativo, deberán informarse las fechas, las áreas o agentes municipales que participaron y los resultados obtenidos, acompañados por la correspondiente documentación.

Otro interrogante es si la Municipalidad efectuó intimaciones, reclamos o comunicaciones a la Dirección Provincial de Vialidad por cuestiones relacionadas con el mantenimiento, conservación, reparación o restitución de la motoniveladora.

¿Volverá la motoniveladora al municipio?

Finalmente, el bloque solicita saber si el Ejecutivo ya requirió o tiene previsto reclamar la restitución de la máquina al patrimonio y tenencia efectiva de la Municipalidad de San Salvador.

Si existen actuaciones en ese sentido, pide conocer cuáles fueron las gestiones realizadas y en qué condiciones deberá concretarse la devolución.

Los dos pedidos colocan así bajo análisis diferentes aspectos de la administración municipal: gastos derivados de actuaciones judiciales, pagos por daños a terceros, controles del Tribunal de Cuentas y el seguimiento de un bien municipal cedido a otro organismo público.

Las respuestas del Departamento Ejecutivo y la documentación respaldatoria solicitada permitirán establecer los hechos que actualmente aparecen planteados como interrogantes por el bloque justicialista.