La Municipalidad de San Salvador deberá abonar $1.365.809,85 en honorarios profesionales a la abogada de la trabajadora municipal que inició el expediente por violencia y/o discriminación en el ámbito laboral que involucra al secretario de Gobierno, Aldo Pastorini, al jefe de Inspección, Roberto Pennachi, y a los inspectores Román Fetter y Enrique Delaloye.

El pago fue dispuesto mediante la Resolución Nº 143/26, luego de que en mayo el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Salvador ratificara como definitivas distintas medidas preventivas que habían sido ordenadas inicialmente en noviembre de 2025.

La resolución administrativa, fechada el 24 de agosto de 2026, establece el pago de los honorarios regulados judicialmente a la abogada María de los Ángeles Petit, representante de la parte actora.

La suma fue fijada en el equivalente a 15 juristas, alcanzando un total de $1.365.809,85, que deberá depositarse en la cuenta judicial correspondiente al expediente Nº 7176/V, caratulado “M. V. A. c/Pastorini Aldo y otros s/Violencia y/o Discriminación en el Ámbito Laboral”.

Una causa iniciada en noviembre de 2025

Como informó EN EXCLUSIVA MERCURIO NOTICIAS, el expediente comenzó el 6 de noviembre de 2025 ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Salvador, a partir de una denuncia presentada por una empleada municipal vinculada al área de Tránsito.

La causa quedó registrada bajo la carátula de violencia y/o discriminación en el ámbito laboral.

El 10 de noviembre de ese año, la Justicia adoptó una serie de medidas preventivas de carácter provisorio destinadas a resguardar a la trabajadora mientras avanzaba el expediente.

En diciembre de 2025, MERCURIO NOTICIAS informó públicamente sobre la existencia de la causa y la participación como denunciados de funcionarios y agentes municipales.

Las medidas fueron ratificadas en mayo

En mayo de 2026, el Juzgado dictó una nueva resolución mediante la cual estableció como definitivas las medidas preventivas que habían sido dispuestas provisoriamente en noviembre.

Entre ellas, ordenó a Aldo Pastorini, Roberto Pennachi, Román Fetter y Enrique Delaloye abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores hacia la denunciante.

Fuera del ámbito laboral, también se estableció una prohibición de acercamiento a menos de 150 metros, inicialmente por un período de seis meses.

La decisión judicial dispuso además que la Municipalidad debía preservar las condiciones laborales de la trabajadora, incluyendo su lugar de desempeño, tareas, horarios y demás circunstancias vinculadas con su actividad.

Asimismo, el Municipio debía implementar las medidas necesarias para garantizar una distancia prudencial entre la denunciante y las personas denunciadas durante la jornada laboral.

La Justicia pidió avanzar con un cambio de área

Dentro de las medidas adoptadas, también se instó a la Municipalidad a concretar a la brevedad un cambio de área laboral de la trabajadora, para lo cual se libró el correspondiente oficio.

La resolución estableció además que el Área de la Mujer de San Salvador debía brindar acompañamiento y asistencia a la denunciante.

En caso de incumplimiento de las disposiciones judiciales, se advirtió sobre la posibilidad de dar intervención penal por una eventual desobediencia judicial, conforme al artículo 239 del Código Penal.

La postura del bloque oficialista

Después de que la causa tomara estado público, el bloque de concejales de Juntos por San Salvador difundió un comunicado en el que defendió la actuación del Municipio y pidió evitar conclusiones anticipadas respecto de los funcionarios y agentes involucrados.

Desde el oficialismo señalaron que las medidas dictadas por el Juzgado tenían carácter preventivo y remarcaron que no existía hasta ese momento una determinación judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos denunciados.

También sostuvieron que el Municipio había cumplido las disposiciones ordenadas por la Justicia y expresaron su rechazo a acusaciones públicas que pudieran implicar una condena anticipada.

Ahora, el pago de los honorarios

El nuevo acto administrativo conocido corresponde específicamente a los honorarios de la letrada de la parte actora y no constituye una indemnización ni determina por sí mismo responsabilidad respecto del fondo de la denuncia.

Mediante la Resolución Nº 143/26, el Ejecutivo ordenó al Departamento de Compras y Suministros, la Contaduría y la Tesorería Municipal realizar los trámites necesarios para efectuar el depósito de $1.365.809,85 fijado por el Juzgado.

De esta manera, el expediente que comenzó en noviembre de 2025 suma ahora una consecuencia económica directa para las arcas municipales derivada de la regulación judicial de honorarios, mientras la causa mantiene como antecedente las medidas de protección dictadas a favor de la trabajadora.