A través de la resolución 464/2026, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos dispuso la clausura completa y una multa de $44.592.507 a un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Urquiza, en la localidad de Rosario del Tala. El predio operaba como un centro de acopio clandestino de envases vacíos de fitosanitarios, careciendo de habilitación ambiental y de las medidas de contención necesarias.

El procedimiento se originó a partir de una solicitud de la Municipalidad local, motivada por las reiteradas denuncias de vecinas y vecinos preocupados por las condiciones del lugar.

Operativo y secuestro de material

Ante la constante negativa del infractor —quien rechazó las notificaciones formales, no ejerció su derecho a defensa ni presentó la documentación para regularizar el inmueble—, la Justicia intervino de manera directa.

El 9 de abril de 2026, por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala, se llevó a cabo un allanamiento con el auxilio de la fuerza pública. Durante el operativo, el saldo fue alarmante:

• Se contabilizaron y retiraron 2.493 envases vacíos de fitosanitarios.

• El material se encontraba almacenado a la intemperie, directamente sobre el suelo y la cubierta vegetal.

Riesgo sanitario y remediación

Las autoridades ambientales advirtieron que esta situación generaba un grave peligro para el ecosistema y la salud pública debido a:

• La potencial infiltración de líquidos tóxicos hacia las napas subterráneas de agua.

• La emanación de olores perjudiciales para los residentes cercanos.

• La proliferación de plagas y roedores.

Todo el material recolectado fue retirado por la Asociación Civil Campo Limpio y trasladado a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) para garantizar su acondicionamiento y tratamiento seguro.

Clausura total y plazo de pago

La secretaria de Ambiente provincial, Rosa Hojman, ordenó la clausura completa del establecimiento tras constatar que en el lugar aún permanecen almacenados otros residuos peligrosos de distintas categorías, los cuales no han sido trasladados ni regularizados por el responsable.

Con esta medida administrativa, fundamentada en la infracción a la Ley Nacional 27.279, el infractor tiene un plazo legal de 10 días para hacer efectivo el pago de la multa millonaria. Desde la provincia destacaron que esta acción reafirma el rigor en el control de las normativas vigentes, buscando proteger de manera irrestricta los recursos naturales y la salud de los entrerrianos.