Romero expuso el caso a través de un escrito titulado “Una botella de vino que explica por qué había que cambiar el sistema”, en el que señaló que la adquisición figura en una factura presentada al Estado provincial correspondiente a mayo de este año.

“No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra”, sostuvo la diputada.

La legisladora planteó que, más allá de la discusión abierta en torno a las licitaciones, los proveedores y el mecanismo elegido por el Gobierno provincial, el episodio obliga a analizar los controles existentes sobre el destino de los recursos.

“¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, cuestionó.

“Había fallas de control”

Romero indicó que la factura mencionada asciende a 57.000 pesos, aunque remarcó que, desde su perspectiva, el punto central no pasa por el monto sino por el tipo de producto incorporado a una rendición de un comedor escolar.

“El problema no son solamente los $57.000 que figuran en esa factura. El problema es que una compra de estas características haya podido ingresar al circuito de rendición de un comedor escolar”, expresó.

Al mismo tiempo, la diputada aclaró que el episodio no debería utilizarse para responsabilizar de manera generalizada a los directivos de las escuelas ni a quienes estuvieron a cargo de sostener los comedores.

“Sería profundamente injusto”, afirmó, para luego considerar que el caso demostraría que “había fallas de control que el Estado tenía la obligación de corregir”.

Defensa del nuevo sistema

La legisladora vinculó directamente el episodio con la decisión del Gobierno entrerriano de modificar el mecanismo utilizado para la provisión de desayunos y meriendas escolares.

Según argumentó, la compra centralizada permite determinar previamente los productos que pueden adquirirse, controlar los precios y establecer con mayor precisión el destino de los recursos.

“Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin”, manifestó.

Romero agregó que, a su entender, los mecanismos de fiscalización no deberían actuar solamente después de concretadas las adquisiciones.

“El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”, sostuvo.

En medio de la controversia por los comedores

Las declaraciones de Romero se producen mientras continúa la controversia por el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, que contempla la centralización de determinadas compras.

La modificación ha generado cuestionamientos de sectores gremiales, familias y organizaciones, mientras que desde el oficialismo provincial se sostiene que el nuevo esquema busca mejorar los mecanismos de compra, distribución y control de los fondos públicos.

En ese contexto, Romero consideró que el caso registrado en San José de Feliciano constituye un ejemplo de los problemas que, según su postura, justificaban una modificación.

“Cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, el Estado tiene la obligación de saber qué compra, cuánto paga y qué llega a cada escuela. Eso es también lo que busca el nuevo sistema”, concluyó la diputada.