Tras dos extensas jornadas de debate, las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitieron este jueves dictamen de mayoría para el proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo provincial y llegó a Diputados con media sanción del Senado, donde se incorporaron distintas modificaciones al texto original. Con la firma del despacho, el expediente completó la etapa de análisis en comisión y quedó en condiciones formales de ser incluido en el temario de una próxima sesión de la Cámara baja.

Los encuentros fueron encabezados por los presidentes de las respectivas comisiones, Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, mientras que posteriormente la conducción de una de las reuniones quedó a cargo de la diputada Carola Laner.

El debate incluyó la participación de autoridades previsionales, representantes de gremios docentes, estatales, judiciales y viales, integrantes de entidades de jubilados, funcionarios provinciales y representantes de la Magistratura.

El gobierno defendió la necesidad de reformar el sistema

Durante la primera jornada expuso el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quien fundamentó la necesidad de avanzar con cambios que permitan garantizar la sustentabilidad técnica del sistema para las próximas generaciones.

El funcionario sostuvo que el objetivo central de la iniciativa no es únicamente reducir el déficit, sino asegurar que el régimen provincial mantenga la capacidad de otorgar jubilaciones en el futuro.

“La reducción del déficit no constituye el objetivo principal de la reforma, sino garantizar la sustentabilidad técnica para que el sistema pueda seguir jubilando personas en el futuro”, señaló.

Bagnat explicó que el gasto previsional presenta una estructura “sumamente rígida” y atribuyó la situación actual a un proceso de deterioro acumulado durante años, agravado por la falta de estudios actuariales, la disminución de aportantes activos y la existencia de beneficios que, según planteó, resultan difíciles de sostener.

Entre los factores mencionados, señaló los efectos acumulativos de la doble movilidad, la incorporación de beneficiarios sin aportes suficientes y la existencia de años trabajados fuera de la provincia que no habrían sido compensados por otras jurisdicciones.

Según indicó, aproximadamente el 35 por ciento de los beneficios previsionales incluye años extraprovinciales no compensados.

También advirtió sobre distorsiones en la tasa de transferencia, debido a que determinados aumentos salariales otorgados en paritarias impactan sobre los haberes jubilatorios y pueden llevarlos por encima del 82 por ciento bruto original.

“No vemos a los activos y a los jubilados como un número. Ellos no tienen la culpa de que se haya llegado a esta situación”, remarcó.

Los gremios cuestionaron el cálculo de los haberes

La discusión incorporó las posiciones de los principales sindicatos vinculados con el empleo público provincial.

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero, advirtió sobre las consecuencias que tendría la reforma en las condiciones laborales y de salud de los docentes.

El dirigente consideró que el proyecto tiene una “mirada empresarial” que no contempla adecuadamente a las personas y sostuvo que la modificación constituye un ajuste que podría provocar la pérdida del 82% móvil.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, el secretario de Interior, Esteban Olarán, cuestionó la efectividad de la propuesta y afirmó que podría representar una armonización con el sistema previsional nacional.

Además, reclamó responsabilidad institucional y políticas públicas que garanticen la protección de las futuras generaciones.

El dirigente de ATE Víctor Sartori concentró sus críticas en el mecanismo previsto para determinar los haberes de los jubilados provinciales. Según expresó, ampliar la base de cálculo a los últimos 15 años de servicios impediría garantizar el 82 por ciento.

UPCN valoró el espacio de negociación

La secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, defendió la decisión del gremio de participar de las negociaciones legislativas. “Para representar a los trabajadores hay que discutir”, expresó.

Domínguez valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario y cuestionó a los sectores que sostienen que “la Caja no se toca”, al considerar que esa postura termina dejando a los trabajadores fuera de la discusión.

También afirmó que hubiera sido preferible debatir una reforma previsional durante administraciones anteriores, lo que, a su entender, podría haber evitado la situación actual.

Durante la jornada también participaron el secretario gremial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Roberto Aguirre; la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori; el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo; el tesorero de la Asociación del Personal Legislativo, Gilberto De Vecchio; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales, Federico Colominas; y el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos, José María Segura.

Cruces políticos entre oficialismo y oposición

Durante el debate entre legisladores, el diputado Jorge Maier defendió la legitimidad y la urgencia del tratamiento.

El legislador rechazó las acusaciones de un supuesto tratamiento acelerado y aseguró que “no hay tratamiento exprés”, al sostener que la necesidad de modificar el sistema ya había sido reconocida por administraciones anteriores.

Por su parte, la diputada María Elena Romero destacó las acciones iniciadas por la provincia para reclamar ante la Nación las compensaciones correspondientes al déficit de la Caja.

Romero recordó que el Gobierno entrerriano formuló inicialmente un planteo administrativo y posteriormente acudió a la vía judicial para exigir los fondos.

Desde la oposición, el diputado Juan José Bahillo adelantó el rechazo de su bancada. “No acompañamos este proyecto”, manifestó.

Bahillo cuestionó especialmente el cambio en el cálculo del haber inicial y sostuvo que pasar de los últimos diez a los últimos 15 años de servicios implicará una reducción en la jubilación de los futuros beneficiarios.

La diputada María Laura Stratta reclamó un tratamiento respetuoso y maduro de la problemática previsional. Además, pidió actuar con “prudencia y humanidad” y reconoció que la Legislatura constituye el ámbito institucional donde debe darse la discusión.

La Magistratura advirtió sobre posibles conflictos constitucionales

Durante la segunda jornada expuso el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, quien reconoció que el sistema requiere modificaciones, aunque planteó reparos sobre distintos artículos.

“Hay que reformar la Caja”, afirmó, aunque inmediatamente advirtió sobre la existencia de “tensiones” con criterios jurisprudenciales y principios constitucionales.

Cánepa cuestionó la declaración de una emergencia previsional por dos años al considerar que se trata de un plazo amplio y que no se establecen suficientes mecanismos de control por parte de la Legislatura.

También objetó las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo para establecer el haber inicial y las pautas de movilidad.

Según señaló, ese tipo de atribuciones podrían generar incertidumbre jurídica y alterar la relación laboral entre el Estado y sus empleados.

Asimismo, formuló observaciones sobre la jubilación de oficio, al recordar que los trabajadores públicos cuentan con estabilidad propia garantizada por la Constitución provincial.

En tanto, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, repasó las acciones judiciales emprendidas por la provincia para reclamar los fondos previsionales adeudados por el Estado nacional.

El funcionario recordó que Entre Ríos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en abril de 2024, en el marco de lo que calificó como un desfinanciamiento histórico iniciado durante la década de 1990.

Rodríguez Signes explicó que la situación se originó con la creación del sistema de capitalización y la cesión de un porcentaje de la coparticipación federal por parte de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales ni armonizaron sus regímenes con el sistema nacional.

También señaló que el conflicto se agravó en 2024, cuando el Gobierno nacional eliminó los adelantos presupuestarios destinados a cubrir los déficits de las cajas provinciales. “El juicio está planteado en la Corte Suprema y se va resolviendo”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el reclamo judicial no alcanza para solucionar los problemas estructurales. “Es un reclamo que no resuelve el problema de fondo, pero había que hacerlo. El resto del problema nos corresponde a nosotros”, afirmó.

Para el fiscal de Estado, la provincia debe avanzar en medidas que permitan mejorar la previsibilidad, reducir la brecha entre ingresos y egresos y evitar que el déficit continúe creciendo.

Además, consideró necesario discutir la edad jubilatoria debido al aumento de la expectativa de vida, ordenar los mecanismos de movilidad y preservar las garantías constitucionales.

Rodríguez Signes afirmó que la Corte Suprema homologó acuerdos parciales con la Nación y que el derecho de Entre Ríos a recibir compensaciones se encuentra reconocido, aunque todavía deben ajustarse las liquidaciones correspondientes.

El proyecto quedó listo para llegar al recinto

Luego de las exposiciones, los diputados de los distintos bloques protagonizaron un nuevo intercambio político en el que ratificaron sus posturas a favor y en contra de la reforma.

Finalmente, el oficialismo y sus aliados reunieron las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto de sostenibilidad previsional concluyó su paso por las comisiones de la Cámara de Diputados y quedó formalmente habilitado para ser tratado en el recinto.

La discusión ingresará ahora en su etapa decisiva, cuando los legisladores deban resolver si convierten en ley el texto aprobado previamente por el Senado o si introducen nuevas modificaciones, lo que obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara alta.