Según informó Concordia Policiales, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia adelantó su veredicto en una causa vinculada a hechos de corrupción ocurridos en la sala de juegos y casino de San Salvador, declarando culpable a Inocencio Daniel Romero, de 69 años, por defraudación en perjuicio de la administración pública.

La sentencia fue dictada por el vocal Aníbal Lafourcade, quien consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado como autor material del delito investigado. La causa fue impulsada por la fiscal Camila Barhich durante la etapa de investigación penal preparatoria.

Como consecuencia de la condena, Romero recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo también establece una serie de condiciones que deberá cumplir durante los próximos dos años. Entre ellas se encuentran la realización de tareas comunitarias en el Hospital San Miguel de San Salvador, efectuar donaciones a instituciones de bien público, mantener una conducta social adecuada y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos que participaron del proceso judicial.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio oral y público, los hechos ocurrieron los días 8 y 12 de septiembre de 2019, cuando Romero se desempeñaba como subtesorero de la sala de juegos y casino dependiente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Según la investigación, el condenado habría aprovechado su función para concretar maniobras fraudulentas junto a otro empleado. La operatoria consistía en intervenir una ruleta electrónica y manipular el sistema de videovigilancia del establecimiento para evitar que las acciones quedaran registradas por las cámaras de seguridad.

Mediante ese mecanismo se logró la emisión irregular de tickets de juego que posteriormente eran cobrados por caja, generando un perjuicio económico para las arcas provinciales.

La resolución judicial representa un avance en una causa que investigó presuntas irregularidades cometidas dentro de una dependencia estatal y que culminó con la declaración de responsabilidad penal de uno de los involucrados.