Clínicas y sanatorios de distintas provincias que prestan servicios al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunciaron que desde el próximo martes dejarán de otorgar nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades. La medida fue comunicada por entidades prestadoras que reclaman una recomposición de los valores que perciben por las prestaciones y la regularización de pagos atrasados, situación que, aseguran, compromete el funcionamiento del sistema.

La decisión fue dada a conocer por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (Capress), desde donde señalaron que la situación económica que atraviesan numerosas instituciones dificulta la compra de insumos esenciales y el cumplimiento de obligaciones salariales y honorarios profesionales.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que sin una actualización urgente de los aranceles y la cancelación de las deudas pendientes resulta cada vez más complejo garantizar la continuidad de las prestaciones.

Según se informó, la primera medida consistirá en suspender la asignación de nuevos turnos para consultorios externos destinados a afiliados de PAMI. No obstante, las entidades aclararon que continuarán atendiendo a pacientes con patologías crónicas críticas que ya se encuentren bajo seguimiento médico.

Además, anticiparon que podrían profundizarse las restricciones mediante la suspensión por tiempo indeterminado de cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia.

Desde Capress advirtieron que buscan evitar un deterioro aún mayor del sistema sanitario y atribuyeron la situación a la falta de respuestas por parte del Estado nacional.

Mientras tanto, trascendió que el Gobierno nacional analiza alternativas para reforzar el presupuesto destinado al organismo y evitar que el conflicto escale. Entre las opciones evaluadas se encuentra la asignación de partidas extraordinarias para afrontar los compromisos financieros del instituto.

En este contexto, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo recientemente que el organismo atraviesa una situación de “estrés financiero”, aunque rechazó que exista una crisis estructural.

“No está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando”, había manifestado el funcionario en declaraciones periodísticas.

Leguízamo explicó que el aumento de la expectativa de vida y el crecimiento de los tratamientos vinculados a enfermedades crónicas generan una mayor demanda de recursos y un incremento sostenido de los gastos del sistema.

Por el momento, no se informó una fecha para una eventual resolución del conflicto, mientras crece la preocupación entre prestadores y afiliados por el posible impacto que las restricciones podrían tener sobre la atención médica programada.