El jefe departamental de Policía de San Salvador, comisario Leonardo Morales, explicó que la causa se originó a partir de información recibida en sede policial sobre una posible comercialización de medicamentos en un lugar no habilitado para esa actividad. “Se recibió una información por parte de un ciudadano que nos ponía en conocimiento acerca de una posible irregularidad por entrega o venta de medicamentos que se venía realizando en ese lugar”, señaló en diálogo con MERCURIO NOTICIAS.

A partir de esa denuncia, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzó una tarea de recopilación de pruebas que fue puesta a disposición del fiscal Fernando Méndez. Según indicó el funcionario policial, la investigación se extendió durante varios meses y permitió reunir distintos elementos que derivaron en el pedido de allanamiento.

“Son causas que no se resuelven de un día para el otro. Luego de reunir varias pruebas sobre lo que podría estar ocurriendo, se solicitó la medida judicial que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia”, explicó.

Durante el procedimiento, realizado en una clínica privada de la ciudad, los investigadores secuestraron frascos con medicamentos, documentación vinculada a esos fármacos, historias clínicas, listados de pacientes y teléfonos celulares, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

Morales precisó que el objetivo principal del allanamiento era localizar medicamentos cuya comercialización estaría siendo investigada por la Justicia. “Se procedió al secuestro de algunos frascos conteniendo medicamentos en su interior, que era lo que se estaba buscando, además de documentación relacionada con esos productos”, detalló.

El profesional de la salud involucrado fue notificado de la medida judicial y posteriormente trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación. No quedó detenido, aunque permanece supeditado a la causa.

La investigación se desarrolla en el marco de una presunta infracción al artículo 204 quinquies del Código Penal Argentino, que sanciona la venta o entrega de medicamentos fuera de los canales legalmente autorizados.

“Recordemos que la ley autoriza la venta de medicamentos únicamente en lugares habilitados, es decir farmacias. No se pueden comercializar en consultorios médicos ni en las secretarías de esos establecimientos”, explicó el jefe policial.

La Fiscalía continuará ahora con el análisis de la documentación secuestrada y prevé la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares y los medicamentos incautados durante el procedimiento.

Morales aclaró que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que será la Justicia la que determine si existió o no una conducta ilícita. Mientras tanto, el médico investigado podrá continuar desarrollando sus actividades profesionales hasta que se adopte una resolución judicial en otro sentido.

“Es una investigación abierta que sigue avanzando. El resultado dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopte la Justicia en el marco de la causa”, concluyó.