Por eso acompaño esta reforma previsional. No porque sea una  discusión cómoda. No porque no existan costos. La acompaño porque creo que el sistema previsional debe seguir existiendo, y para eso tiene que poder sostenerse. 

La pregunta ya no es si el problema existe. La pregunta es si vamos a seguir tratándolo como parte del paisaje. 

El déficit previsional no es un dato contable aislado. Es una presión real sobre el conjunto del Estado provincial: sobre su capacidad de invertir, responder y cumplir. Y, sobre todo, está en juego la posibilidad de que quienes hoy trabajan puedan jubilarse dentro de un sistema capaz de estar ahí cuando les llegue el momento. 

Un sistema previsional solidario no puede pensar únicamente en quienes hoy cobran un haber. También debe responderles a quienes aportan, trabajan y esperan. La solidaridad no es solo con los que ya llegaron: es también con los que vienen. 

Durante demasiado tiempo se confundió sensibilidad con postergación, como si evitar una discusión difícil fuera una forma de proteger derechos. La realidad muestra lo contrario: los problemas que no se corrigen a tiempo terminan deteriorando aquello que se intentaba preservar. 

Vengo de una tradición política reformista. Reformista en serio. Una tradición que entiende que reformar no significa destruir el Estado, sino evitar que se vuelva incapaz de cumplir lo que promete.

No hay Estado justo si el Estado deja de ser sostenible.  Y no hay progreso posible si toda discusión incómoda se traslada indefinidamente. 

No hacer nada también tiene consecuencias. Entre Ríos ya las está pagando.