La propuesta fue enviada luego de varias semanas de diálogo e intercambio con organizaciones sindicales y sectores vinculados al sistema previsional.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el proyecto mantiene el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto y conserva la actualización de los haberes jubilatorios vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales.

Además, remarcaron que ninguno de los actuales jubilados verá modificados sus haberes ni perderá derechos adquiridos.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la edad jubilatoria. Para los actuales empleados públicos se propone una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, mediante períodos de transición que oscilarán entre cinco y veinte años, según cada situación particular.

La iniciativa establece además que quienes ingresen al Estado provincial después de la sanción de la ley tendrán una edad jubilatoria de 68 años.

Según el Ejecutivo, la propuesta responde al aumento de la expectativa de vida y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional.

En relación con los regímenes especiales, el gobierno aclaró que no se eliminan beneficios ni jubilaciones anticipadas. Sin embargo, quienes accedan a esos regímenes deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la legislación vigente.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la creación de un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio destinado a los salarios más altos. De acuerdo con la propuesta, quienes perciban menos de tres millones de pesos mensuales no realizarán contribuciones adicionales, mientras que la medida alcanzará a aproximadamente el cuatro por ciento de los trabajadores.

Asimismo, se propone modificar el cálculo del haber inicial jubilatorio, ampliando la base de cálculo a 240 meses de aportes con el objetivo de reflejar de manera más representativa la trayectoria laboral completa y evitar distorsiones derivadas de ascensos o recategorizaciones cercanas al momento del retiro.

Desde el Ejecutivo indicaron que la iniciativa forma parte del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas y recordaron que actualmente la Caja registra una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, una cifra que consideran insuficiente para sostener el sistema en el largo plazo.

El gobierno también reiteró que continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los fondos que considera adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo en ambas cámaras, donde será analizado por senadores y diputados provinciales.