Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas.

Asimismo, reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión.