Como se recordará la familia de Luis García está solicitando que le devuelvan la casa de la cual se consideran dueños, debido a una adjudicación floja de papeles que le otorgara el entonces intendente de San Salvador, Víctor Vilhem.
Originalmente, la vivienda fue adjudicada a una persona de apellido Garate, quien a los pocos meses renunció a la misma, pero nunca concurrió al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a formalizar esa dimisión, por lo tanto, la escritura permanece hace años a la deriva.
La casa no es de los García y mucho menos es de los Fogel. Sigue siendo de Garate, quien falleció sin cumplimentar el trámite.
Desde el ámbito judicial, no se puede considerar que haya un delito de usurpación. Fogel tenía un contrato de alquiler, inmobiliaria de por medio, que vencía el 31 de octubre de 2021, fecha en la que la familia García regresó a querer ocupar la casa y se encontró con la negativa de la devolución.
Aquí varios hechos irregulares: quien le alquiló la casa fue García, quien intermedia es una inmobiliaria, ambos incumpliendo la normativa del IAPV que prohíbe alquilar una casa. Fogel, en tanto, habría obrado de mala fe, al querer adueñarse de la casa e iniciar un trámite ante el Instituto de la Vivienda, sabiendo que la casa estaba floja de papeles.
No se considera usurpación, pero podría considerarse intrusión. Hoy, Fogel no tiene un contrato de alquiler vigente, pero García tampoco tiene la escritura de la casa. No obstante, decenas de testigos pueden decir que quien vivió siempre en esa casa –hasta que se fue-, quien pagó los impuestos y quien realizó mejoras fue García. De última, si alguien quisiera quedarse con la casa debería devolverle esas inversiones.
Este tema no tiene carácter penal, sino civil, es un trámite administrativo que deberá resolver la política. El expediente en IAPV, a pedido de la Fiscalía, se movió. Habrá que ver si la voluntad de las autoridades en resolver el caso, les urge, teniendo en cuenta que hay una familia que hace días que duerme en la calle, con una notable ausencia de las áreas de la mujer o del niño, que existen en San Salvador y que poco o nada han hecho por los derechos vulnerados.